La nueva policía de fronteras europea estará operativa en dos años

Podrán utilizar armas –sobre la base del principio de necesidad, proporcionalidad y precaución-, actuar en países terceros (bajo un acuerdo previo) e incluso lanzar intervenciones de emergencia en aguas de un Estado miembro sin su autorización si se determina que el control fronterizo del país en cuestión es ineficaz. La nueva policía europea de fronteras de 10.000 agentes que la Comisión Europea quiere crear tendrá más poderes y medios y podría estar operativa en un plazo de dos años.

“Si hay voluntad política, y actualmente existe esa voluntad política, me parece realista que esté organizada y funcionando en un plazo de dos años. Hemos conseguido crear la guardia de Frontex en una plazo que nadie creía” así que “soy optimista”, ha explicado este jueves el comisario de inmigración, Dimitris Avramopoulos, tras la propuesta estrella en materia migratoria presentada por Jean-Claude Juncker durante el debate sobre el Estado de la Unión.

Según Bruselas, el número de 10.000 agentes permanentes con el que dotar al cuerpo no sale de la nada sino que forma parte de un plan bien estudiado para cubrir las necesidades detectadas. “Es lo que necesitaríamos a largo plazo para estar mejor preparados. Es la conclusión de un estudio que hemos efectuado teniendo en cuenta nuestra experiencia”, ha precisado sobre la propuesta con la que esperan blindar definitivamente el mediterráneo. Actualmente la agencia cuenta con 1.300 agentes y 1.500 guardias en reserva.

Misiones a corto y largo plazo

El objetivo para 2020 es incrementar a 1.500 el personal de Frontex, al que se sumarían otros 1.500 efectivos nacionales para despliegues a largo plazo y otros 7.000 agentes a corto plazo. España, según el plan diseñado por Bruselas, tendrá que contribuir en 2020 con 518 agentes para las misiones a corto plazo y 111 para las misiones prolongadas. La propuesta refuerza su mandato y sus tareas. Podrán realizar controles de identidad, autorizar o rechazar la entrada de nacionales de terceros países e interceptar a aquellas que entren de forma irregular. Además, podrán asistir en las repatriaciones que Bruselas quiere acelerar tras las caída que registraron en 2017 cuando solo se devolvieron, en el marco de la directiva de retorno, un 37% de aquellos con orden expulsión, frente al 45% de 2016.