Perú niega una "campaña de odio" contra los venezolanos

“Venecos” es la nueva palabra de la discordia dentro y fuerta de Perú. Para algunos tiene resonancias negativas a la hora de referirse a los  430.000 migrantes venezolanos que llegaron a ese país expulsados por la crisis. Desde Caracas, Nicolás Maduro habló de una campaña “de odio” contra los connacionales que se fueron a Colombia y Perú especialmente, y puso como ejemplo el caso de 89 venezolanos que llegaron “desesperados” a la embajada en Lima luego de enfrentar situaciones de “racismo, desprecio, persecución económica (y) esclavismo”. Las expresiones de xenofobia ya se habían hecho sentir en Panamá y, recientemente en Brasil, donde el Gobierno de Michel Temer decidió militarizar la frontera en el estado de Roraíma. Las autoridades de un país de inmigrantes como Perú quisieron desmarcarse de cualquier corriente de rechazo a los venezolanos. “La xenofobia está descartada”, dijo el subsecretario de Servicios Migratorios y Consulares, Enrique Bustamante. Su país, añadió, “abrió las puertas” a esa diáspora y “creó un estatus particular”, en referencia al Permiso Temporal de Permanencia (PTP), que les permite trabajar, estudiar y tributar. Para Bustamante, los testimonios de los 89 venezolanos a los que aludió Maduro “no se ajustan a la verdad”. Recordó en ese sentido que más de un tercio de los venezolanos que llegaron por vía aérea o terrestre, han presentado solicitudes para ser reconocidos como refugiados.

CARACAS SE DEFIENDE

La ONU ha calculado en 2,3 millones el éxodo venezolano desde que la economía tocó un fondo del que no puede salir. El madurismo está convencido que, más allá del colapso, existe una decisión política que viene de Estados Unidos y busca provocar una crisis regional con el masivo flujo de migrantes. El Gobierno venezolano anunció que le pedirá al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), que se pronuncie sobre las medidas de protección social que toma Caracas en defensa de los 6.500.000  colombianos, peruanos y ecuatorianos que residen en ese país. La Acnur, dijo el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, de tomar “cartas en el asunto” e informarle a América Latina sobre los “miles de millones de dólares” que todos los años dispone Venezuela “para atender de manera digna” a esos “refugiados”. Esa cifra, dijo Rodríguez, no incluye a los chilenos que en 1973 huyeron de la dictadura militar ni a “quienes vinieron de Europa" entreguerras.

EL DILEMA DEL PASAPORTE

Más allá de la polémica sobre las razones de la masiva diáspora, la salida de Venezuela incluye otro problema mayúsculo y tiene que ver con la obtención del pasaporte. La Asamblea Nacional (AN) dispuso el pasado miércoles que, “ante la incapacidad” del Estado para responder a las demandas de la población, los pasaportes que están vencidos o por vencer sean prorrogados por cinco años. Pero como la AN está en conflicto con el Gobierno y el Tribunal Supremo la declaró en “desacato”, el pronunciamiento es en los hechos solamente retórico.

La crisis ha llegado al corazón del Servicio de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) y desde entonces ya no se emiten casi pasaportes: solo se prorrogan dos años los que caducaron. Claro que en un país dominado por el mercado negro siempre existe la posibilidad de conseguir ese documento por otros canales, aunque a precios prohibitivos: entre 700 y 5500 dólares, según la velocidad con la que se lo requiera. El ministro del Interior, Néstor Reverol, reconoció que existe una red mafiosa alrededor del Saime. Su director, Juan Carlos Dugarte, fue destituido el pasado mes, y fueron arrestados varios empleados. La odisea del pasaporte no obedece solo a la escasez. Javier Antonio Vivas Santana señaló en el portal de izquierdas Aporrea que si se lo entregara a todo aquel que lo pidiera un 50% de la población “buscaría la forma inmediata de irse de este averno”.