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Juicio a Elías Antonio Saca

El expresidente de El Salvador Elías Saca será sentenciado en septiembre

La Fiscalía ha pedido que los imputados respondan con sus bienes por los "daños" causados al Estado por más de 300 millones de dólares

El Periódico

El expresidente de El Salvador Elías Saca será sentenciado en septiembre

El 12 se septiembre se dará a conocer el fallo final de la Corte Penal de El Salvador contra el expresidente Elías Antonio Saca y 6 de sus excolaboradores por los presuntos delitos de malversación de más 300 millones de dólares. 

"Ha culminado (este miércoles) el desarrollo de la presente audiencia", dijo el juez presidente del Tribunal Segundo de Sentencia, José Luis Gianmattei, quien anunció que el fallo por los cargos de peculado (malversación) y lavado de dinero se dará a las 14.00 hora local (20.00 GMT).

Los tres jueces del referido tribunal deberán decidir si imponen una pena de 10 años de prisión a Saca o una menor, dado que el exmandatario se enfrentó a un "juicio abreviado".

Esta modalidad de juicio permite a los imputados obtener una pena leve a cambio de confesar sus delitos y prescindir de cualquier prueba de descargo, pero la legislación salvadoreña deja a los jueces la opción de imponer una sentencia menor.

Lo mismo deberán decidir en los casos del exsecretario privado Elmer Charlaíx y del exgerente financiero de la Presidencia Francisco Rodríguez Arteaga, quienes pactaron penas de 10 y 6 años, respectivamente.

El acuerdo incluyó penas de 5 años para el exsecretario de Comunicaciones y Juventud César Funes y Julio Rank, mientras que para el exjefe de la Tesorería del Gobierno Jorge Alberto Herrera son 3 años.

La pena más alta solicitada por los fiscales fue contra el exempleado de la Presidencia Pablo Gómez, a quien pidieron condenar a 16 años de cárcel por peculado y lavado de dinero por no aceptar un trato como el resto de imputados.

La defensa de todos los imputados pidió en los alegatos finales, expuestos entre ayer y hoy, que el tribunal no emita una condena por "responsabilidad civil".

La Fiscalía ha pedido que los imputados respondan con sus bienes por los "daños" causados al Estado por más de 300 millones de dólares.

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