Birmania niega las acusaciones de genocidio y exige pruebas

El estruendoso silencio birmano sobre las acusaciones de genocidio rohinyá ha acabado este miércoles. El Gobierno ha utilizado la prensa oficial para desdeñar el informe de las Naciones Unidas como una retahíla de acusaciones falsas, ha conminado a la comunidad internacional a aportar pruebas sólidas y ha defendido su compromiso con los derechos humanos. “Nuestra postura es clara y afirmo con firmeza que no aceptamos ninguna resolución del Consejo de Derechos Humanos”, ha aclarado Zaw Htay, portavoz gubernamental, en referencia al órgano de la ONU que emitió el lunes el demoledor informe.

El portavoz ha defendido que la prohibición de su Gobierno al acceso al terreno de los investigadores invalida sus conclusiones. La audaz pirueta argumental ha concluido aconsejando a la comunidad internacional que espere al informe de la Comisión de Investigación formada para combatir las “falsas acusaciones”. Ese panel está formado por dos investigadores locales y dos internacionales, la diplomática filipina Rosario Manalo y el antiguo embajador japonés en la ONU, Kenzo Oshima.

Poder militar incontestable

El Gobierno birmano muestra una “tolerancia cero” hacia las violaciones de derechos humanos, ha enfatizado Zaw Htay en una entrevista en el diario oficial Global New Light de Birmania. “Si existe algún caso, dadnos las pruebas y podremos emprender acciones legales contra los que rompen las normas y regulaciones”, retó. No extrañan los briosos desmentidos oficiales tras las contundentes acusaciones de la ONU. Sus investigadores aludieron por primera vez al genocidio para definir la persecución de la etnia musulmana rohinyá en la provincia birmana de Rakhine.

El informe amontonaba pruebas contra el Ejército y recomendaba llevar frente a la Justicia a media docena de altos cargos militares por un variado menú criminal con asesinatos, violaciones y quemas de poblados. También señalaba a la presidenta de facto, Aung San Suu Kyi, por su pasotismo. El estamento militar conserva un poder incontestable en el país del sudeste asiático y el informe culpaba a la Nobel de la Paz de no usar su ascendencia moral para detener o mitigar la masacre. No se ha escuchado aún a Suu Kyi, que ayer dedicó su primera aparición pública tras la publicación del informe para debatir en una universidad sobre la película "Lo que el viento se llevó".

Etnia más castigda del mundo

La última ofensiva contra la etnia más castigada del mundo fue desencadenada por el ataque del Ejército de Salvación Rohinyá Arakan a una treintena de comisarías que dejó un centenar de muertos, insurgentes en su mayoría. Sobre la respuesta del Ejército birmano hay opiniones opuestas: para el gobierno, fue razonable y legítima mientras que para la ONU fue desproporcionada e indiscriminada. El informe habla de una estimación “conservadora” de 10.000 muertos. Unos 700.000 rohinyás huyeron y muchos de ellos malviven en campos de refugiados del vecino Bangladés.

Es previsible que la presión sobre Birmania aumente cuando Estados Unidos revele próximamente su propio informe. La embajadora en la ONU, Nikki Haley, ya ha avanzado que las conclusiones del Departamento de Estado son análogas a las escuchadas esta semana aunque ha evitado el término “genocidio”. Algunas voces han calificado las reacciones de Washington frente a las evidentes violaciones de derechos humanos del Gobierno birmano de excesivamente tibias. Washington había planeado publicar su informe con anterioridad al de la ONU pero lo pospuso para incluir más deliberaciones internas. De sus conclusiones podrían derivar más sanciones a Birmania.