Ordenan el decomiso de 1,3 millones de euros de los bienes de Pinochet

El dictador Augusto Pinochet falleció a fines de 2006 con honores de Estado y miles de chilenos nostálgicos rodeando su féretro en la Escuela Militar de Santiago. Terminado el funeral, la justicia se abocó a la tarea de dilucidar el origen de parte de la fortuna del general que se llegó a jactar de conocer hasta el mínimo movimiento de una hoja en su país.  Han pasado 12 años y, en un fallo dividido, el Tribunal Supremo decidió dar por concluido el llamado caso Riggs que puso a Pinochet en un lugar que resultó intolerable para parte de la derecha: el de malversador de fondos públicos. Sus herederos deben devolver 1,3 millones de euros al fisco. A su vez, condenó a los oficiales del Ejército que participaron en su momento del ocultamiento del dinero sustraído.

 En 2004, cuando ya había eludido todos los procesos por violaciones a los derechos humanos alegando una demencia senil, el dictador tuvo que enfrentar una causa inesperada: la del uso arbitrario del dinero estatal. Todo comenzó de manera inesperada. Un subcomité del Senado de EE.UU que indagaba el financiamiento del terrorismo en el mundo primero dio con las cuentas de secretas de Teodoro Obiang, el dictador de Guinea Ecuatorial. Luego aparecieron 125 cuentas de Pinochet con una suma total de 21 millones de dólares. Habían sido abiertas con los nombres de Daniel López, John Long u otros seudónimos. También se habían utilizado a los parientes. La noticia tronó en Santiago con la fuerza del escándalo. Gobernaba la presidenta Michelle Bachelet y, por entonces, los militares realizaban movimientos contradictorios a la hora de tomar distancia de las aberraciones de los años setenta.

UN MODO DE TERMINAR CON LA IMPUNIDAD

Dos abogados defensores de los derechos humanos, Carmen Hertz y Alfonso Insunza, vieron en el caso Riggs una ventana para enjuiciar a un Pinochet que había eludido el brazo de los tribunales en causas resonantes como la Caravana de la muerte, por la que había llegado a ser procesado. Entonces, Hertz e Insunza invocaron su condición de ciudadanos indignados para impulsar una querella por fraude fiscal y malversación de caudales públicos. El Consejo de Defensa del Estado hizo luego lo propio y Pinochet volvió a ser investigado por un hecho que no estaba directamente relacionado con la represión perpetrada entre 1973-90. A los ojos de algunos defensores del régimen responsable de miles de desapariciones, la imagen de un dictador duro, implacable pero probo se cayó a pedazos. Le embargaron su dinero y una serie importante de bienes. Tras su deceso, la viuda Lucía Hiriart y los hijos tuvieron que desfilar por los tribunales.

En octubre de 2007, el juez Carlos Cerda procesó a 23 familiares y colaboradores del dictador por malversación de caudales públicos. Un mes después la Corte Suprema revocó 15 de los procesamientos. En 2010 un estudio de la Universidad de Chile determinó que Pinochet acumuló una riqueza superior a 21,32 millones de dólares, de los que 17,86 millones no tenían una justificación contable.En octubre de 2008, el pleno de la Corte Suprema de Chile decidió reemplazar a Carlos Cerda por el juez Manuel Valderrama.

Doce años después de la muerte de Pinochet, el máximo tribunal, ordenó solo la restitución del dinero extraído de los gastos reservados del Estado. Los exoficiales Gabriel Vergara Cifuentes, Juan Ricardo Mac Lean Vergara y Eugenio Castillo Cádiz recibieron cuatro años de cárcel pero con el beneficio de la libertad vigilada. La sentencia dejó en Santiago cierto sabor amargo aunque previsible. Un año atrás, la Justicia ya había ordenado que se le restituya a los herederos seis millones de dólares, vehículos y 23 casas. El Consejo de Defensa del Estado logró frenar el dictamen. Con la intervención del Supremo se ha cerrado la causa. Los Pinochet solo deben restituir 1,3 millones de dólares.

ESCASO IMPACTO MEDIÁTICO

A diferencia de lo que ocurría en otros momentos de la vida chilena, la noticia pasó casi inadvertida. La sociedad discute por estas horas otras cuestiones relacionadas con el dinero que administra el Estado. El Gobierno de derechas de Sebastián Piñera quiere llevar adelante una reforma tributaria que, señala oposición, beneficiará solamente a los “súper ricos”.