Ir a contenido

crisis migratoria

El caso del buque "'Diciotti" causa un gran choque institucional en Italia

La nave, con 177 migrantes, tiene permiso para atracar en Catania pero no al desembarque

El Gobierno populista se enfrenta al presidente de la República y a la Unión Europea

Rossend Domènech

Llegan a Italia los 177 inmigrantes del Dicciotti. / ORIETTA SCARDINO (EFE / VÍDEO: ATLAS)

El conflicto migratorio entre los ministerios del Gobierno italiano, la Unión Europea (UE) y la Presidencia de la República alcanzó ayer un punto inédito, desde que en marzo  se formó el Ejecutivo populista, integrado por la xenófoba Liga y los indignados –a veces antagonistas y en algunos casos progresistas– del Movimiento 5 Estrellas.

Después de cinco días de espera en el mar, «la nave militar italiana Diciotti, con 177 emigrantes a bordo, atracará en el puerto de Catania (Sicilia)», según tuiteó ayer el ministro de Transporte, Danilo Toninelli. Sin embargo, al cabo de una hora, el ministro Matteo Salvini, vicepresidente y titular de Interior y sin competencias sobre puertos ni Defensa, manifestó a través de las redes sociales que «no existe ninguna autorización, si antes la UE no responde sobre el reparto de los 177 entre varios países», desautorizando el desembarque.

Mientras tanto, la fiscalía de Agrigento (Sicilia) abrió un sumario sobre el caso. En el mismo resultan implicadas las autoridades de Malta, que «empujaron» sin demasiada diplomacia la barca de los emigrantes hacia Italia, según pudieron comprobar los radares.

El sumario abarca también la seguridad de los rescatados, garantizada por las distintas convenciones de Ginebra, y las políticas migratorias de Salvini, que intenta como sea implicar a la UE en los repartos de migrantes. «O los migrantes son repartidos en la UE o los devolveremos a Libia», dijo el jefe de la Liga, aun a sabiendas de que la «devolución en caliente» está prohibida por las convenciones de Ginebra, que Libia no ha firmado nunca.

«El Diciotti atracará en Catania, los valerosos hombres de la Guardia Costera han cumplido con su deber salvando vidas humanas a tan solo 17 millas de Lampedusa (isla de Italia). Europa, cumpla ahora su papel», exigió el titular de Transportes.

A la espera de Bruselas

Pero, al cabo de una hora, Interior emitió un comunicado en el que aseguraba «no haber dado ninguna autorización para que atraque el Diciotti hasta que no tenga la certidumbre de que los migrantes irán a otra parte». «Esperamos respuestas de Europa y hasta que no lleguen nadie se apeará del Diciotti», añadía.

En las mismas horas, llegaban a Presidencia de la República centenares de mensajes calificando la situación de «inaceptable». El alcalde de  Lampedusa, Totò Martello, pidió al presidente, Sergio Mattarella, que «intervenga sobre el Gobierno italiano para superar una situación inaceptable, surgida de un pulso que es más político que humanitario».

El Ministerio de Exteriores envió por primera vez sendas comunicaciones a la Comisión Europea y a la Alta Representante de la UE, Federica Mogherini, en las que pide que la Unión tome cartas en el asunto y ofrezca a Italia un reparto de los migrantes. Hasta este lunes, Italia había resuelto el problema a través de contactos bilaterales con los otros miembros de la UE, mientras que en esta ocasión se ha dirigido directamente a la cúpula comunitaria.

Los fondos de la UE

Salvini declaró que «o Europa recuerda que existe o bien Italia dejará de ser un campo de prófugos al que todos llegan, se quedan y los italianos pagan». No hizo ninguna referencia el líder de la xenófoba Liga a los fondos que la UE ha dado a Italia a lo largo de los últimos años. «Ya hemos colaborado de sobras, porque en los últimos años han desembarcado en Italia 700.000 personas», añadió Salvini, obviando que en Italia esos 700.000 expatriados ya no existen, porque han viajado clandestinamente a otros países europeos. La última contabilidad de Interior cifra en unos 190.000 los inmigrantes en suelo italiano.

En lo que va de año, han llegado más migrantes a España que a Italia, porque a causa de la política de «puertos cerrados», los traficantes de personas han desviado las rutas desde Libia hacia Argelia y Marruecos.