UNA CUESTIÓN POLÉMICA
Un derecho muy limitado en América Latina
El peso de la Iglesia y las convenciones sociales limitan la aplicación de políticas públicas favorables al aborto
Abel Gilbert
Corresponsal en Buenos Aires
Especialista en América Latina y doctor en comunicación. Ha cubierto los principales acontecimientos políticos regionales durante las últimas dos décadas para El Periódico. Es autor de ocho libros, tres de ellos en colaboración, y se apresta a publicar otros dos.
Abel Gilbert
El derecho al aborto es inexistente o muy limitado en la mayor parte de los países de una América Latina donde el peso de la Iglesia Católica funciona a su vez como dique de contención contra las políticas asociadas con el derecho reproductivo. Un 69% de los casi 700 millones de habitantes del continente sudamericano profesan esa fe. Durante la mayor parte del siglo XX, la abrazaban un 90% de los latinoamericanos, que a su vez representan al 40% de los católicos apostólicos romanos del mundo. Aunque la Iglesia pierde todos los años fieles, y muchos se pasan a las comunidades evangélicas, el dogma se muestra inflexible en numerosas cuestiones sociales de primer orden como la interrupción voluntaria del embarazo. Solo en Cuba, Uruguay y en la capital de México las mujeres pueden abortar de forma gratuita y libre. En el primer caso, antes de las 10 semanas, y en los dos últimos, antes de la 12ª semana.
En el 2007, cuando México Distrito Federal introdujo los cambios históricos en su legislación penal, el entonces papa Benedicto XVI respaldó la amenaza de excomunión de los obispos mexicanos contra quienes aprobaron la despenalización. Joseph Ratzinger llegó con ese mismo espíritu a Brasil, donde sus dimensiones continentales también se reflejan en el tema del aborto. Poco cambió en ese país desde que Benedicto XVI lanzara su advertencia.
Escasa aceptación en Brasil
En la actualidad, en Brasil solo se admite en los casos de violación, riesgo de muerte para la madre y anencefalia (fetos sin cerebro). En Brasil se practican 500.000 abortos clandestinos al año y cerca de la mitad traen complicaciones. Unos 500 acaban en muerte. Una reciente encuesta arrojó resultados alarmantes: solo uno de cada cuatro adultos se mostró a favor del aborto legal y seguro como derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Un 50% de los entrevistados aprobó el castigo a quienes se sometieran a una interrupción voluntaria del embarazo. Más de 72 millones de brasileños aseguran haber conocido a una mujer que ha abortado.
Colombia, por su parte, autoriza el aborto si hay peligro para la mujer, malformación grave del feto o en casos de violación, incesto o inseminación artificial no consentida. En Guatemala, Perú, Venezuela, Panamá, Ecuador o Bolivia solo se prevé cuando el embarazo pone en peligro la vida o la salud de la mujer o si se constata una violación. Esas son las dos excepciones que la ley argentina autoriza, pero que no todas las provincias cumplen.
Iniciativas truncadas
Paraguay únicamente permite la interrupción del embarazo cuando la vida de la mujer está en peligro. En abril del 2015 las autoridades de ese país rechazaron otorgarle ese beneficio a una niña de 10 años violada por su padrastro. En El Salvador, Honduras, Nicaragua, Surinam, Haití y República Dominicana el aborto está prohibido en todas las circunstancias. Cuando, cuatro años atrás, el presidente dominicano Danilo Medina aprobó una reforma del Código Penal para abrir el camino a su despenalización parcial, el Tribunal Constitucional anuló esos cambios.
El aborto estuvo también totalmente prohibido en Chile desde 1989 hasta el 2017, cuando se despenalizó en caso de riesgo de vida de la mujer, inviabilidad fetal y violación. En los primeros seis meses de vigencia de la ley se han realizado 111 abortos. La normativa estuvo hace unas semanas en el centro de la polémica después de que el actual Gobierno del conservador Sebastián Piñera decidiera modificar el protocolo de objeción de conciencia. La modificación permite ahora que instituciones privadas que se nieguen a practicar abortos puedan igualmente seguir recibiendo las ayudas que entrega el Estado para prestaciones obstétricas y ginecológicas.
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