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TRAS EL GOLPE DE ESTADO

Turquía sustituye el estado de emergencia con una nueva ley antiterrorista

La nueva medida impondrá restricciones como las existentes en el estado de excepción

La oposición al presidente turco denuncia un «estado de Emergencia permanente»

Adrià Rocha Cutiller

Manifestaciones en Estambul durante el golpe de julio del 2016.

Manifestaciones en Estambul durante el golpe de julio del 2016. / AFP / GURCAN OZTURK

Cuando se impuso el estado de emergencia, justo hace dos años, la situación en Turquía era extrema. Los atentados terroristas en el país se sucedían uno tras otro y el 15 de julio de 2016, un golpe de Estado intentó derrocar y asesinar a Recep Tayyip Erdogan para instaurar en el poder a una junta militar. El golpe falló, y el Gobierno, cinco días después, aplicó la medida excepcional.

Se otorgaron poderes especiales al presidente, se alargó el periodo de detención preventiva, los arrestos se volvieron masivos y se echaron de sus puestos a 99 alcaldes escogidos en elecciones —que fueron sustituidos por 99 alcaldes escogidos a elección de Erdogan. Este miércoles, justo dos años después, Turquía cierra ese episodio con el levantamiento oficial del estado de emergencia. Pero no lo cierra porque será sustitudido por una nueva ley antiterrorista que servirá, en definitiva, para que pocas cosas cambien.

Mientras ha durado el estado de emergencia, la policía ha detenido a 60.000 personas acusadas de pertenecer al grupo al que el Gobierno acusa de estar detrás del golpe: la cofradía del clérigo islamista Fethullah Gülen. Un total de 160.000 funcionarios han perdido su trabajo por, según Turquía, tener vínculos con él.

Este teórico del islam, exiliado desde los noventa en los Estados Unidos, creó un Estado paralelo con la ayuda del ahora presidente y por aquel entonces primer ministro turco. Infiltró a sus seguidores en la policía, el Ejército, la justicia, la universidad, la administración, la escuela pública y privada, los medios de comunicación, la justicia y en todos los lugares donde fuera posible, deseable o imaginable hacerlo.

Pero en 2012 Erdogan y Gülen rompieron: desde entonces, el Gobierno turco le ha estado persiguiendo porque es el enemigo número uno del país y porque, acorde con la versión oficial turca, es la cabeza pensante del golpe de hace dos años.

También hay otros enemigos: durante el estado de Emergencia —o gracias a él—, Turquía ha detenido a miles de presuntos miembros del Estado Islámico, que utilizaban el país para entrar y salir de Irak y Siria.

Para seguir igual

Con la nueva ley antiterrorista se les podrá quitar el pasaporte tanto a los funcionarios destituidos como a sus familiares, se ampliará la lista de motivos para prohibir manifestaciones y protestas, se alargará el tiempo de detención preventiva a 12 días —en España es de 72 horas—, y los servicios de inteligencia quedarán, por ley, fuera de cualquier escrutinio público.

«Nosotros llamamos a esto estado de emergencia permanente —ha dicho Bülent Tezcan, vicepresidente del principal partido opositor, el CHP—. El Gobierno dice que levantará el actual estado de emergencia, pero en realidad pretende convertirlo en algo permanente, bajo la excusa de la lucha contra el terror. Luchar contra el terrorismo no puede justificar la ilegalidad».

Presidente plenipotenciario

El estado de emergencia también le sirvió a Erdogan para conseguir poderes que su posición de presidente de la República no preveía: el poder ejecutivo, hasta entonces, se concentraba en el primer ministro. Pero Erdogan, a través de un ajustado referéndum en 2017, cambió la Constitución, y creó una superpresidencia otorgada de un poder ejecutivo que rige por encima del judicial.

El mes pasado, a través de unas elecciones que la OSCE consideró injustas pero libres, la consiguió: el estado de emergencia ya no hacía falta. Turquía, hoy, tras el fin del estado de excepción, entra en una nueva etapa; no muy diferente a la de ayer. H

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