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sentencia judicial

El Supremo condena a España por incumplir sus compromisos con los refugiados

De los 19.449 solicitudes de asilo que le correspondían solo ha tramitado el 12,85%

Es la primera condena de un tribunal nacional a un Estado por incumplir las decisiones europeas

Ángeles Vázquez

Un grupo de inmigrantes rescatados por la oenegé Open Arms.

Un grupo de inmigrantes rescatados por la oenegé Open Arms.

El Tribunal Supremo se ha convertido en el primer tribunal nacional que ha condenado a un Estado, en este caso España, por incumplir los compromisos que adquirió para acoger a los refugiados que le correspondían durante la crisis migratoria que vivió Europa en 2015. España no es el único país que no los cumplió, pero sí el único condenado. 

Las decisiones europeas firmadas establecían que España acogiera a 19.449 refugiados procedentes de Grecia e Italia en dos años, pero entre el 25 de septiembre de ese año y ese mismo mes del 2017 solo recibió al 12,85%. Para el alto tribunal esas decisiones eran de carácter vinculante y obligatorio, por lo que su incumplimiento debe suponer "la condena al Estado español a continuar la tramitación en los términos previstos en las decisiones" adoptadas. 

España debería haber ofertado y reubicado a 13.086 solicitantes de asilo procedentes de Grecia y 6.363 de Italia, pero solo lo hizo con 2.500 (1.875 de Grecia y 625 de Italia). A 22 de marzo de este año, el Estado solo ha reubicado a 235 personas desde Italia y a 1.124 desde Grecia.

También en el futuro

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal, consciente del mal resultado que dieron los cupos fijados entonces, que fueron incumplidos por todos los firmantes, incluye la coletilla de que España siga tramitando la acogida de los refugiados "de conformidad con los acuerdos que en lo sucesivo adopten las instituciones comunitarias" para prevenir cualquier cambio.

La sentencia se ha producido gracias al recurso de la Associació de Suport de Stop Mare Mortum contra la desestimación por silencio administrativo de su solicitud al Gobierno de España el año pasado para tratar que los asilados previstos llegaran a España. El abogado del Estado se opuso alegando que las gestiones para reubicar a los asilados asignados, tras comprobar que reunían las condiciones precisas para concederles esa condición, eran complicadas, en parte por la propia burocracia de Italia y Grecia. Además, sostenía que debía preguntarse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si el control de la tramitación de las decisiones de emergencia tomadas en el seno europeo solo puede ser supervisado por la Comisión Europea.

Control al Estado

La Sala rechaza dirigirse al TJUE, porque entiende que tiene competencia para controlar la actividad de la Administración nacional también en el cumplimiento y ejecución de las obligaciones derivadas de la Unión Europea, aunque la supervisión del derecho comunitario corresponda a la Comisión.

La Comisión no ha iniciado ningún procedimiento contra España. El Supremo entiende que resulta posible que "el control de su cumplimiento también pueda realizarse por los tribunales nacionales, atendiendo a la acción ejercitada por personas legitimadas", como en este caso es la oengé recurrente. Además, añade que esa posibilidad "no contradice los poderes y competencias de la Comisión para plantear, si lo considera oportuno y de forma potestativa, un procedimiento por incumplimiento frente al Estado miembro".

No solicitó reducción de cuota

La sentencia recuerda que a pesar de que las decisiones permitían expresamente a los estados solicitar una reducción de su cuota de hasta un 30%, España no lo hizo. La Oficina de Asilo y Refugio reconoce en un informe redactado más de medio año después de que concluyera el plazo fijado que el cumplimiento de las obligaciones finales fue inferior al 13%.

En cuanto a las dificultades administrativas para cumplir lo acordado, planteadas por los servicios jurídicos del Estado, el Supremo las admite, pero considera que "no pueden constituir causa de exención", porque las medidas flexibilizadoras también previstas no fueron "alegadas ni utilizadas por el Gobierno español". Tampoco sirve de eximente "la falta de cumplimiento generalizado de las decisiones".

Caravana de 300 personas hasta Italia

Más de 300 personas de toda España, entre ellas unas 30 de Catalunya, viajarán a Italia con la Caravana Abriendo Fronteras, que partirá el día 13 de Salt (Girona) para denunciar la vulneración de los derechos humanos en las fronteras, las políticas xenófobas y la criminalización de los activistas.

Representantes de distintas organizaciones que trabajan en la iniciativa Caravana Abriendo Fronteras han explicado que sus reivindicaciones principales son "denunciar las políticas migratorias y la vulneración de derechos humanos en las fronteras, fortalecer una red entre las organizaciones que se dedican a ayudar a los refugiados y acabar con el estigma y la criminalización de los activistas".

Su portavoz, Sira Ruiz, ha apuntado que "se trata de una caravana feminista que también quiere visibilizar la violencia que sufren las mujeres en el tránsito migratorio y la explotación laboral de las trabajadoras transfronterizas".

El activista de Girona Acoge y Espacio Antirracista de Salt Karim Sabni ha explicado que la Caravana iniciará su viaje en Salt porque "el 37 % de la población de la ciudad no dispone de nacionalidad española y se encuentra excluida de las decisiones políticas que afectan a su día a día".

La caravana iniciará su viaje el día 13 y se dirigirá a la frontera francoitaliana, a Ventimiglia y Briançon, desde donde partirá en ferri hasta Sicilia, la principal vía de entrada de los casi 14.000 inmigrantes que han llegado a Italia por vía marítima en lo que va de año.

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