Represión étnica
Persiste la violencia contra la minoría musulmana de los rohinyás en Birmania
La ONU denuncia abusos en contra de los derechos humanos y acusa al Estado birmano de encubrir su responsabilidad en los hechos
La minoría étnica de fe musulmana de los rohinyá sigue sufriendo violencias en Birmania, víctima de persecuciones, asesinatos y la quema de sus habitaciones. Eso ha declarado el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Husein, el pasado miércoles, pidiendo al Consejo de Seguridad que remita al Tribunal Penal Internacional (TPI) para que se puedan investigar los crímenes cometidos en contra de esta población.
Según su testimonio, este año 11.432 refugiados rohinyás han llegado a Bangladés; más de 700.000 personas han huido del país desde agosto del 2017, cuando hubo una gran represión militar en Rajine, el estado birmano al norte del país.
Restricciones de los derechos humanos
"Una mujer que llegó en mayo cuenta que se fue después de dos incidentes en los que las casas rohinyás de su pueblo, Rathedaung, fueran quemadas y de que los habitantes murieran tiroteados por los soldados en las calles", contó al Husein. También hay relatos de personas desaparecidas: "Un hombre de Buthidaung contó que huyó después de que a su padre se lo llevaran los militares. Desde entonces no sabe dónde está".
A pesar de que ya hace casi un año del inicio de la crisis, los refugiados rohinyás no vuelven a la región ya que todos lo que habían regresado voluntariamente han sido detenidos y acabando en centros de acogida, que más se parecen a centros de detención. Al Husein luego especificó que, aunque es verdad que la crisis empezó en agosto del año pasado, después de una ola de rebeliones por los insurgentes rohinyás (ARSA, en sus siglas en inglés) contra las fuerzas de seguridad, "los ciclos de violencia y restricciones de los derechos humanos" contra los rohinyás son muy anteriores y datan al menos de 1978.
Extranjeros en su propia tierra
Desde entonces "la recurrente campaña para erosionar su personalidad jurídica se ha intensificado". Eso en particular se refiere a una medida de las autoritades birmanas que les obligan a tener una Tarjeta de Verificación Nacional (NVC, por sus siglas en inglés) que perfila a los rohingyas como "extranjeros en su propia tierra".
Para al Husein, "la sinceridad de Birmania sobre el proceso de repatriación de los rohinyás", que se propuso iniciar a principio de año pero que sigue paralizado, "no se medirá por el número de acuerdos o compromisos que alcance, sino reconociendo que los rohinyás son ciudadanos con los mismos derechos que los demás".
Aunque Birmania se comprometió a llevar a cabo una investigación, al Husein ha denunciado el encubrimiento de responsabilidad del Estado y sus funcionarios. Las autoridades siguen negando cualquier abuso de derechos humanos en contra de la minoría musulmana, y afirman que la represión en la región de Rajine es una respuesta necesaria a las violencias de los milicianos de ARSA, que atacan a las fuerzas de seguridad nacional.
Solución sostenible
Por esto, ha pedido al Gobierno birmano un permiso para llevar al país un equipo de expertos internacionales en derechos humanos de la ONU. Kyaw Moe Tun, el director general del Ministerio de Exteriores de Myanmar, ha afirmado que, aunque una "solución sostenible" en la región de Raijine sea necesaria, las declaraciones de al Husein se basan en informaciones "distorsionadas o exageradas".
"Birmania debe entender que la comunidad internacional no olvidará las atrocidades cometidas contra los rohinyás y que no absolverá a los políticos que intentaron encubrirlas. Ninguna cantidad de retórica puede ocultar los hechos", ha concluido al Husein.
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