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ESTRATEGIA ULTRALIBERAL

Trump acosa e intenta derribar el sistema de prestaciones sociales de EEUU

Un plan de reorganización del Gobierno pone en la diana programas de ayuda ya señalados en el proyecto de presupuestos y la reforma fiscal

Bajo la pátina de crear oportunidades laborales se asienta la caricaturización y demonización de pobres y otros necesitados de asistencia pública

Idoya Noain

Unos funcionarios protestan en Nueva York contra una sentencia del Tribunal Supremo que perjudica a los sindicatos. 

Unos funcionarios protestan en Nueva York contra una sentencia del Tribunal Supremo que perjudica a los sindicatos.  / FRANK FRANKLIN II (AP)

El pasado 21 de junio, cuando toda la atención estaba centrada en la crisis humanitaria abierta y cerrada en falso por la Administración de Donald Trump con su política de "tolerancia cero" con la inmigración y la separación de niños de sus padres en la frontera, el presidente tuvo una reunión con miembros de su gabinete. Con las cámaras grabando, centró sus declaraciones en el tema migratorio, pero después cedió la palabra a Mick Mulvaney, el director de la Oficina de Gestión y Presupuesto, y le sugirió que hablara del plan de reorganización del Gobierno del que iban a tratar en la reunión. "Es extraordinariamente aburrido", bromeó el presidente.

No es ese el adjetivo más adecuado, ni ha funcionado la burda estrategia de intentar minimizar la atención. Aunque Mulvaney aseguró que el plan es respuesta a un gobierno federal "desmesurado, opaco, burocrático e ineficiente" y parte de la promesa de Trump de "drenar la ciénaga" de Washington, su análisis desvela algo más preocupante. Es la enésima confirmación de la campaña de acoso y derribo que, con menos visibilidad que otras batallas, la actual Administración está librando contra la ya débil red de protecciones sociales en Estados Unidos.

La propuesta, que en varias partes necesitaría aprobación del Congreso (con el que no han consultado para su elaboración), plantea la fusión de los departamentos de Educación y Trabajo (rebautizando la segunda parte como "población activa"). También la reconversión del de Salud y Servicios Sociales en un mastodonte que asumiría buena parte de los programas de asistencia federal y que sería rebautizado para cambiar la segunda parte por welfare (un término más parecido a asistencia que a lo que se conoce como Estado del bienestar), concepto que durante décadas los conservadores han ido devaluando y atribuyéndole una connotación peyorativa.

Tijera a la asistencia pública

En la reorganización es obvio el esfuerzo para facilitar al Gobierno el recorte, la reducción o la reestructuración de esos programas de ayudas. Y no es algo nuevo. Como le reconocía a The New York Times el ultra Steve Bannon,  que fue su asesor jefe: "los nuestros han estado en ello desde el principio". Y ahí están para constatarlo, por ejemplo, el proyecto de presupuestos del año pasado y el presentado para el 2019 por Trump.

En ese último plan se quitarían 250.000 millones de dólares en la próxima década Medicaid, el sistema de asistencia sanitaria pública para pobres y discapacitados. Y en los próximos diez años se recortarían también el 30% de los fondos, o 213.000 millones, para el programa de asistencia para nutrición suplementaria o SNAP, los llamados "sellos de comida", que actualmente son imprescindibles para que puedan comer 42,3 millones de estadounidenses, que reciben una media de 125 dólares al mes. También se plantean recortes en ayuda a vivienda protegida (donde se pretende triplicar el alquiler) que dejarían sin asistencia a 250.000 familias de bajos ingresos.

Requisitos laborales y de formación

Hay más. El plan de reorganización de la Administración crearía el denominado Consejo de Asistencia Pública, que podrá imponer requerimientos laborales para optar a las ayudas. Y sería solo la extensión de algo que ya ha empezado a hacer el Gobierno de Trump. Este año se cambiaron las reglas de Medicaid para que, por primera vez, los estados pudieran exigir horas de trabajo o de formación para quienes quieren recibir asistencia federal, un tema que ha llegado a los tribunales.

Los esfuerzos se combinan con un impulso a la desregulación que desprotege a los trabajadores y otros campos como la protección ambiental y con esfuerzos de privatización de servicios públicos. En todo el asalto late la consagración de un sueño largamente acariciado por los conservadores de reducir el papel del Gobierno. Es, también, el culmen de una filosofía de demonización de los pobres y la población de bajos ingresos, a los que se ha intentado caricaturizar como vagos que viven de las arcas públicas, usando también estereotipos raciales que no concuerdan con la realidad de que son más los blancos pobres y los que necesitan la asistencia federal.

El informe Alston 

Cuando Bannon habló con el Times dijo que "básicamente nadie, salvo los progresistas inteligentes, se está dando cuenta" de lo que están haciendo, pero no es del todo cierto. El día en que Mulvaney y Trump presentaban el plan de reorganización se hacía público también en Ginebra el demoledor y crítico informe sobre EEUU realizado por el relator especial de Naciones Unidas para la pobreza extrema, Philip Alston.

Nikki Haley, la embajadora de EEUU ante la ONU que anunció dos días antes de la presentación del documento en el Consejo de Derechos Humanos que abandonaban ese órgano, ha criticado duramente el informe, calificándolo de "engañoso y politizado". Pero el trabajo de Alston --que llega a hablar de "odio al pobre" en la Administración Trump y denuncia también entre otras cosas una reforma fiscal que dispara la desigualdad, favorece a los ricos y obligará a recortes en la red de protecciones sociales-- se ha convertido en una referencia.

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