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La cementera Lafarge, imputada por complicidad en crímenes contra la humanidad

La multinacional francesa será procesada por haber pagado al Estado Islámico para mantener su actividad en Siria

Eva Cantón

La planta de la multinacional francesa en París.

La planta de la multinacional francesa en París. / AP / THIBAULT CAMUS

Por primera vez una multinacional se sentará en el banquillo de los acusados para responder del cargo de complicidad en crímenes contra la humanidad. La justicia francesa ha tomado una decisión inédita al imputar a la cementera Lafarge, fusionada desde el 2015 con la suiza Holcim, por haber pagado a diversos grupos terroristas para mantener la actividad de la planta de Jalabiya (Siria) mientras el país se hundía en la guerra.

La empresa está acusada de financiar al autodenominado Estado Islámico (EI), responsable de los atentados cometidos en Francia en el 2015, para facilitar la libre circulación de sus trabajadores y comprar petróleo a proveedores próximos al grupo yihadista.

La investigación judicial abierta hace dos años revela que, entre  2012 y 2014, se pagaron 13 millones de euros a diversos grupos armados que controlaban el territorio del norte de siria donde se ubicaba la planta. A estos canales de financiación se suman las sospechas de la posible venta de cemento al EI.

Ocho exdirectivos imputados

Ocho antiguos directivos de Lafarge han sido ya imputados en el sumario, entre ellos el expresidente Bruno Lafont y el exdirector general Eric Olsen, por presunta financiación de terrorismo, pero el cargo de crímenes contra la humanidad ha sorprendido a la cementera, que ha lamentado en un comunicado lo ocurrido en su filial siria –cerrada en el 2014- y ha admitido “errores inaceptables de supervisión”.

Lafarge ha anunciado también que recurrirá la decisión judicial anunciada este jueves, que la responsabiliza igualmente de violación del embargo y de poner en peligro la vida de terceros.

La oenegé Sherpa y el Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos, personados en la causa como acusación particular para defender los intereses de once antiguos trabajadores sirios, han saludado una decisión “histórica” que en su opinión supone “un paso decisivo en la lucha contra la impunidad de las multinacionales que operan en zonas de conflicto” y han reclamado a Lafarge "asumir sus responsabilidades” y crear un fondo de indemnización.  

No obstante,  la imputación más grave suscita algunos interrogantes jurídicos dado que la complicidad en crímenes contra la humanidad requiere que haya un autor principal, una persona física o moral, extremo que los magistrados no han aclarado.

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