México: López Obrador pugna contra los rivales y la sospecha de fraude electoral

En cualquier democracia, la elección presidencial mexicana del 1 de julio se consideraría un proceso definido, sin sorpresas: el candidato puntero Andrés Manuel López Obrador se ha sostenido cerca de su pico histórico de preferencias de voto, con un 50,8% en el consolidado de encuestas de la agencia estadounidense Bloomberg, muy por encima de sus adversarios: Ricardo Anaya (24,8%), José Antonio Meade (21,6%) y Jaime Rodríguez (3,7%).

Sin embargo, en un país con una historia abundante en fraudes electorales, no está de más una llamada a la precaución. A lo largo de cuatro décadas, desde el gobierno del presidente José López Portillo en los 70, el sistema ha tratado de atajar la desconfianza popular introduciendo al menos una gran reforma de la legislación electoral en cada sexenio (periodo presidencial equivalente a dos legislaturas). Si esto ha logrado algo, sin embargo, no es erradicar las malas prácticas, sino generar mayores niveles de sofisticación y gastos ilegales siempre crecientes.

"Se está operando el fraude electoral", sostiene Santiago Nieto Castillo, quien era el titular de uno de los órganos creados para crear certidumbre al respecto, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE). Nieto fue cesado del cargo en octubre por, según denunció, avanzar en la investigación del pago de sobornos por 15 millones de dólares que altos ejecutivos de la constructora brasileña Odebrecht dijeron haberle hecho a Emilio Lozoya, por entonces miembro del equipo de campaña del actual presidente, Enrique Peña Nieto, y después, ya en el gobierno, director de la paraestatal Petróleos Mexicanos. Ese dinero habría sido canalizado clandestinamente a la compra masiva de votos. La pesquisa quedó congelada.

Compra del voto

En las elecciones locales de junio del año pasado, el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) afrontó un reto de grandes dimensiones en su bastión más importante, el Estado de México (que rodea la capital de la República, Ciudad de México, y es el área con el mayor número de votantes registrados). Por entonces, la candidata Delfina Gómez, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, partido de López Obrador) estuvo a punto de vencer al candidato priísta, Alfredo del Mazo.

El PRI evitó la derrota con la complicidad del Instituto Nacional Electoral, sirviéndose de su folclórica y nutrida galería de jugadas sucias, con denominaciones como ratón loco, carrusel y urnas embarazadas. También recurrió a la manipulación de resultados, especialmente en distritos rurales y atrasados donde la oposición tiene una presencia débil y en los que la participación ciudadana extrañamente superó en 15 puntos el promedio del Estado.

Nieto Castillo teme que este año el PRI, a nivel federal, quiera repetir "el modelo Estado de México para la compra, coacción e inhibición del voto”.

El 5 de junio, un conjunto de organizaciones civiles agrupadas en Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, y que han desarrollado un sistema en línea para facilitar las denuncias por compra del voto, denunció que en 26 de los 32 estados se están llevando actividades de coacción y compra del voto mediante la utilización de programas de asistencia social. Entre otras cosas, se promete a los electores pagos que van de 150 pesos (7 euros) a 5000 pesos (200 euros).

Los otros comicios

Un miembro del Comité de Elecciones de Morena, que accede a conversar con EL PERIÓDICO  a título anónimo, asegura que la ventaja de su candidato presidencial lo pone más allá del alcance de las operaciones de fraude.

"La compra y coacción del voto, por ejemplo, puede mover de un 5% a un 10% del voto efectivo en una elección determinada. O sea, tienes que ganarles por lo menos por 11 puntos para que no te superen. Los 25 puntos que les llevamos son mucho más de lo que pueden remontar", expone.

Señales

Diversas señales sugieren que los dos grandes partidos considerados del sistema, el PRI de Meade y el PAN de Anaya, ya han aceptado la derrota. Varios de sus miembros hacen llamadas a que la ciudadanía no le entregue a López Obrador, además de la Presidencia, el Congreso. Los virulentos ataques que se cruzan Meade y Anaya, con denuncias mutuas por corrupción, indican también que su pelea es por el segundo lugar.

Esto podría parecer vano si no fuera porque esta es la elección más grande de la historia en el país: además del presidente, 89 millones de votantes mexicanos elegirán, a nivel federal, a 500 diputados y 128 senadores; además de 17.529 cargos locales.

Entre ellos están, por ejemplo, 9 de las 32 gobernaturas estatales: en 6 de ellas (Ciudad de México, Chiapas, Morelos y Tabasco para Morena; Guanajuato para el PAN y Jalisco para Movimiento Ciudadano), los candidatos favoritos llevan ventajas que parecen insuperables. Pero en Puebla, Veracruz y Yucatán la competencia es más cerrada y las distintas variables que intervienen, desde la popularidad hasta la compra y coacción del voto, van a determinar el resultado.

Para el PAN y el PRI, que sufren graves batallas intestinas, su desempeño en las otras elecciones –ya no en la presidencial- será la diferencia entre una derrota asumible y una total.