Bruselas presenta el primer presupuesto europeo pos-brexit

Si las reacciones al presupuesto europeo para el período 2021-2027 propuesto por la Comisión Europea son un termómetro de lo que está por llegar la realidad augura mucha batalla. La salida del Reino Unido de la UE dejará un agujero en los ingresos del club de hasta 14.000 millones que Bruselas propone cuadrar recortando fondos en algunas políticas clave (agricultura y cohesión) y creando nuevas vías de financiación a través, por ejemplo, de un impuesto al plástico, además de vincular la recepción de fondos al cumplimiento del estado de derecho.

Para el presidente Jean-Claude Juncker se trata un presupuesto "razonable y responsable", ligeramente más elevado que el actual (del 1,03%) con un techo de gasto del 1,11% del PIB europeo, 1.279 billones de euros, y que modifica ligeramente su estructura para hacer frente a los nuevos retos en seguridad, defensa o política migratoria. Una cifra con la que Bruselas aspiraba a contentar a los países contribuyentes netos, que defienden un presupuesto más pequeño y una rebaja en su aportación tras el 'brexit'.

No ha sido así. "La propuesta no es un resultado aceptable para Holanda. Una Unión Europea más pequeña significa un presupuesto más pequeño. Esto requiere recortes en el gasto y una modernización ambiciosa. La carga de la financiación del presupuesto no se comparte de forma justa”, ha avisado el primer ministro holandés, Mark Rutte, que lidera el bando de los que exigen recortes. 

Más para control de fronteras e inmigración

La propuesta corrobora el cambio de prioridades. La política migratoria y el control de las fronteras serán uno de los capítulos que más lo notarán con un aumento del presupuesto de los 13.000 millones destinados en el período 2014-2020 a los 34.900 en el siguiente. Es la respuesta a la crisis migratoria desatada en 2015 y a la que proponen responder creando un cuerpo 10.000 guardias de fronteras.

Otros capítulos a los que Bruselas propone dar un empujón serán Defensa y Seguridad con unos 25.000 millones en conjunto para el período de siete años, la investigación con 100.000 millones para el programa Horizon, un 50 por ciento más, así como al Erasmus +, unos de los programas estrella de la Comisión para luchar contra el populismo entre los jóvenes y que verá duplicados sus fondos hasta los 30.000 millones.

Además, se incluye un nuevo instrumento estabilizador de 30.000 millones de euros accesible a todos los estados miembros, y no solo a los países de la Eurozona, y destinado a amortiguar posibles dificultades. A esto se suma un programa de apoyo a las reformas que estará dotado con 25.000 millones para aquellos que se comprometan hacer reformas en el marco del semestre europeo.

Menos para agricultura y cohesión

Para equilibrar el nuevo escenario, el Ejecutivo comunitario plantea recortes en agricultura y cohesión, lo que reducirá el peso de estas dos partidas al 60% frente al 70% actual, aunque seguirán siendo dos pilares claves en el presupuesto. En el caso del gasto agrícola, la propuesta incluye una reducción del 5% y se reducirán los pagos directos a las explotaciones agrícolas con un tope máximo de 60.000 euros para lograr una mejor redistribución hacia las explotaciones más pequeñas y con un mayor vínculo con los objetivos medioambientales.

El producto interior bruto seguirá siendo el criterio principal en el reparto de ayudas regionales, que se recortarán un 7%, pero se dará más peso a otros factores a la hora de distribuir los fondos como el desempleo o el cambio climático. Además, los fondos estructurales servirán también de complemento para impulsar la integración de los inmigrantes. Esta nueva forma de distribuir podría penalizar a aquellos países que rechacen la política migratoria de la UE y no se impliquen en la política de integración, como Polonia o Hungría, pero beneficiar a otros como España que sigue registrando la segunda tasa de paro más elevada de la UE solo por detrás de Grecia.

Reparto condicionado al Estado de derecho

Una de las grandes novedades que más controversia generará cuando llegue a la mesa de los gobiernos será el mecanismo que el Ejecutivo comunitario plantea para vincular los pagos al cumplimiento del Estado de derecho. Por ejemplo, la UE podrá congelar los fondos europeos si considera que un Estado miembro ha puesto en riesgo el sistema judicial. Es decir, si no hay democracia y valores tampoco fondos. La Comisión no menciona en su propuesta a ningún país en concreto. Pero tras los desafíos de los últimos meses protagonizados por algunos países del este, que han abierto una profunda brecha entre Bruselas y algunos gobiernos, es evidente que en el punto de mira están países como Polonia o Hungría.

La Comisión quiere que una recomendación suya –posteriormente validada por el Consejo por mayoría cualificada- baste para activar el mecanismo. Varsovia ya ha dicho que jamás aceptará que un instrumento como este se utilice como presión política lo que augura una larga y complicada batalla dado que el aprobado final requiere del aprobado unánime de los Estados miembros y del Parlamento Europeo.