Las protestas en Nicaragua crecen y mantienen en jaque a Ortega

Después de la multitudinaria marcha del sábado en la que se repitieron las consignas que lo comparan con el depuesto dictador Anastasio Somoza, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, empieza a diseñar una estrategia política que se asemeja a un acto de supervivencia.

La presión en la calle ha forzado a Ortega a prescindir de Aminta Granera, la jefa de la Policía Nacional sobre quien pesan buena parte de las responsabilidades por los 30 muertos confirmados durante las protestas contra la reforma de la seguridad social. La dimisión de Granera fue una de las demandas en las últimas movilizaciones.

Pero esta no es la única exigencia de este movimiento social que lideran los estudiantes y que la Iglesia Católica acompaña de manera decidida, al igual que la patronal. A pesar de que los empresarios han disfrutado de inmensos beneficios en los últimos once años, ahora han decidido tomar distancia con el Gobierno.

El principal anhelo de esta nueva y heterogénea fuerza surgida en las calles han sido resumidos en el editorial del diario 'La Prensa' de este domingo: “Ortega y (Rosario) Murillo (mujer de Ortega y vicepresidenta del país) tienen que dejar el poder”. Semanas atrás, el malestar con el Gobierno estaba extendido pero de manera subterránea. El rechazo a la reforma de la seguridad social, que preveía aumentar las cotizaciones y que el Gobierno finalmente derogó, han activado energías en forma de descontento generalizado que han sorprendido al mismo Ortega y a la oposición tradicional. “Estamos presenciando un giro dramático, inesperado, de naturaleza generacional y política”, ha señalado el analista Álvaro Taboada Terán, tras la última marcha en Managua.

Treinta días de plazo

La jerarquía católica ha fijado un mes de plazo para que fructifique el diálogo entre Ortega y sus interlocutores. Por lo pronto, los dirigentes universitarios han avanzado que se sentarán en la mesa de negociaciones “bajo protesta”. De entrada han planteado que el Gobierno desmantele los grupos de choque y que se abra una investigación que aclare los trágicos hechos de violencia que se han producido en el país desde que estalló la revuelta hace casi dos semanas. Los estudiantes pide que en la investigación participe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las Naciones Unidas (ONU). Si no se aceptan sus reclamos, continuarán con la protesta.