Francia endurece su ley de inmigración

Una semana de debate y más de sesenta horas de encendidas discusiones en el seno de la Asamblea Nacional, han sido necesarias para aprobar en primera lectura la nueva ley de asilo e inmigración del Ejecutivo de Emmanuel Macron. Un controvertido texto que no convence a la oposición, considerado “deshumanizante” por la izquierda y demasiado laxo por la derecha y la extrema derecha.

Según Gérard Collomb, ministro del Interior y principal impulsor de la reforma, el objetivo de esta normativa es establecer “una inmigración controlada, un derecho de asilo efectivo y una integración exitosa”. Sin embargo, el texto se traduce en un endurecimiento de la actual política migratoria.

El periodo legal de encarcelamiento de inmigrantes irregulares en los Centros de Detención Administrativa (CRA) pasa de 45 a 90 días; el plazo para presentar una demanda de asilo se reduce de 120 a 90 días; el periodo de instrucción y de recurso de estos expedientes pasa de once a seis meses, con el objetivo de acelerar la expulsión de aquellos inmigrantes que no cumplen los requisitos establecidos.

Enmiendas en saco roto

Más allá de estos plazos, criticados ferozmente por la izquierda por su falta de humanidad, en el centro de la polémica aparece la retención de menores en los Centros de Detención Administrativos. Las tres enmiendas presentadas por los diputados del Partido Socialista, de Francia Insumisa y del Partido Comunista, para poner fin a esta práctica cada vez más extendida -según las cifras del Defensor de Derechos Humanos, en 2017, 26.000 extranjeros fueron retenidos en los CRA, entre ellos 134 familias y 275 niños-, cayeron en saco roto.

“¡No nos vayamos por las ramas! (…) Estamos aquí para oponernos absolutamente, totalmente y radicalmente a la retención de niños (…) ¡Seremos condenados por todos los organismos internacionales!”, criticaba Jean-Luc Mélenchon, líder de Francia Insumisa, durante uno de los debates parlamentarios. Efectivamente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha condenado en varios ocasiones al Estado francés por “las condiciones inherentes a este tipo de estructuras que provocan problemas de ansiedad en los niños pequeños”, asegurando que “solo la retención a corto plazo” puede “ser compatible” con el Artículo 3 del Convenio de Derechos Humanos, el mismo que prohíbe el “trato inhumano y degradante”.

Delito de solidaridad

Sin embargo, el Ejecutivo se ha negado a incluir la prohibición de la retención de menores en el controvertido texto. Como tampoco ha suprimido el “delito de solidaridad”, consagrado a condenar a “cualquier persona que, por ayuda directa o indirecta, facilite o trate de facilitar la entrada, la circulación o la estancia irregular de un extranjero en Francia”, según el Código de Entrada, Estancia y Asilo de Extranjeros (Ceseda) de 1945.

Una ley que ha sido modificada en múltiples ocasiones para diferenciar las redes de tráfico de inmigrantes de las organizaciones humanitarias. Mientras las asociaciones de derechos humanos pedían la supresión de este “delito de solidaridad”, que actualmente condena con una multa de 30.000 euros y con una pena de hasta cinco años de cárcel a las personas que ayudan a los inmigrantes a atravesar una frontera, el Ejecutivo ha apostado por incluir ciertas exenciones, si bien se ha negado a eliminarlo del cuerpo jurídico.

La prerrogativa se aplicará “cuando el acto denunciado consista en proporcionar consejos y acompañamiento, especialmente jurídicos, lingüísticos o sociales, así como alojamiento o atención médica, destinados a garantizar las condiciones de vida digna (…) o la integridad física (…) Salvo si dichos actos tienen una contrapartida directa o indirecta, o si se han llevado a cabo con un objetivo lucrativo”.

Primera división

A pesar de estas exenciones, Amnistía Internacional (AI) Francia asegura que se trata de un “texto peligroso”, señalando que “el delito de solidaridad” es “una espada de Damocles para los militantes, ciudadanos y organizaciones” humanitarias. Según Cécile Coudriou, presidenta de AI en Francia, la flexibilización de este delito que “persigue sin razón a las personas que ayudan, sin ningún objetivo lucrativo, a los extranjeros” no es suficiente, y tampoco respeta los principios del derecho internacional. Apuntando, además, que el Ejecutivo “ha perdido la oportunidad de responder a las dificultades que deben hacer frente los inmigrantes y demandantes de asilo en Francia, especialmente a la hora de hacer respetar escrupulosamente sus derechos”.

Ni las críticas de la oposición, ni las alarmas de las organizaciones humanitarias, han conseguido frenar la polémica reforma. Con 228 votos a favor y 139 votos en contra, fruto de la oposición de izquierdas y de la extrema derecha por razones bien diferentes, Gérard Collomb ha conseguido sacar adelante el texto. Si bien, le ha valido la primera división entre sus filas. Catorce diputados del partido de Macron (LREM) se abstuvieron a la hora de votar y uno de ellos, Jean-Michel Clément, lo hizo en contra, abandonando al instante la formación centrista al considerar que el texto es contrario a sus principios. 

En las próximas semanas, la controvertida ley continuará su tramitación en el Senado.