Macron afronta un duro pulso con los trabajadores del ferrocarril

En los próximos meses,el presidente francés, Emmanuel Macron, se juega algo más que el éxito de la reforma de la empresa estatal del ferrocarril, la SNCF. El resultado de la batalla que este martes han iniciado los sindicatos del verdadero emblema del servicio público francés para oponerse a los planes liberalizadores del presidente será un termómetro de la temperatura social del país y de la capacidad de Macron para soportar la presión de la calle.

El conflicto de los ferroviarios, que rechazan la apertura del sector a la competencia y la supresión del estatuto especial del que gozan los trabajadores de la compañía, ilustra bien el enfrentamiento entre dos visiones de Francia. La de un presidente que quiere adaptar el país a los retos de la globalización y la de los sindicatos que defienden los derechos sociales del sector público.

Tanto el Elíseo como las centrales sindicales confían en el apoyo de la opinión pública. Y en los dos campos se preparan para un duro conflicto que podría durar meses. Los ferroviarios prevén una huelga intermitente hasta finales de junio, a razón de dos días de paro por cada cinco de actividad, una verdadera pesadilla para los usuarios.

Este martes, el paro ha sido secundado por el 34% del personal de la SNCF, un seguimiento ligeramente inferior al 35,4% del pasado 22 de marzo. Ha habido, además, numerosas manifestaciones en las principales ciudades francesas a las que se han sumado estudiantes, funcionarios de hospitales, profesores y trabajadores de Air France.

Tráfico interrumpido con España

La incidencia de la huelga ha sido notable, especialmente en los trenes de cercanías y en los de alta velocidad, donde solo circula uno de cada ocho. El Eurostar que unen Francia con el Reino Unido, se ve menos afectado y el Thalys con Bélgica y Holanda funciona casi con normalidad. En cambio, no hay trenes hacia España, Suiza e Italia.

El paro, que afecta a 4,5 millones de usuarios, se ha notado en los accesos a las principales ciudades, donde los automovilistas han sufrido atascos monumentales. En las estaciones de tren los viajeros se agolpaban en los andenes y en la de Lyon (París) han tenido que socorrer a una persona que se cayó a la vía.

Al personal de la SNCF se suman otros sectores, tanto del sector público como del privado. La intención de los sindicatos es presionar al Ejecutivo en diversos frentes de manera simultánea. En Air France, los sindicatos han convocado su cuarta jornada de paros para reclamar una revalorización salarial del 6%. El paro ha afectado al 25% de los vuelos. También Carrefour se enfrenta a numerosos bloqueos en el acceso a los supermercados porque sus trabajadores protestan por la supresión de puestos de trabajo anunciada en enero.

Otro sector afectado es el de los servicios de recogida de basuras, que exigen la creación de un servicio público nacional, un estatuto único para los trabajadores y una reducción de la jornada laboral. En contra de la liberalización del sector energético se movilizan los sindicatos de EDF (Electricité de France) con paros hasta el próximo 28 de junio.Las organizaciones estudiantiles, por su parte, llevan varias semanas alzando la voz contra la reforma de acceso a la universidad. Este ste martes, ha habido bloqueos de facultades en Toulouse, Burdeos, Montpellier, Niza, Nantes y Poitiers.

Aunque han mostrado músculo, los sindicatos están lejos del 72% que sumaron en el 2007 contra la reforma del régimen especial de jubilación impulsado por Nicolas Sarkozy y de las movilizaciones de finales de los 90. Ningún Gobierno que quiera tocar la SNCF olvida las huelgas de 1995 que obligaron al entonces primer ministro Alain Juppé a retirar su proyecto tras semanas de conflicto.

Provocación del Gobierno

Sin embargo, ahora el contexto ha cambiado y el Ejecutivo está decidido a llevar la reforma hasta el final -como hizo con éxito en octubre pasado al flexibilizar el mercado laboral- porque considera insostenible el ‘statu quo’ actual de la SNCF, lastrada por la deuda, la falta de inversión en infraestructuras y la impuntualidad de los trenes.

En todo caso, el primer ministro, Edouard Philippe, ha negado en la Asamblea nacional que el objetivo sea privatizar la SNCF. Los grupos políticos de izquierda, minoritarios en la Cámara, han criticado tanto el contenido como el método.

La intención inicial del Ejecutivo era sacar el texto mediante decreto, algo que la oposición tilda de "provocación". Renunciar al decreto puede ser una de las cesiones del Gobierno cuando este jueves la ministra de Transportes, Elisabeth Borne, reciba a los agentes sociales para retomar el diálogo.