El despertar cívico de Rumanía

Timisoara, Rumanía, mediados de marzo. Dos jóvenes de 33 años conversan en la céntrica plaza Unirii. "Las cosas en el país están comenzando a cambiar gracias a la Dirección Nacional Anticorrupción (DNA o Fiscalía Anticorrupción)", dice una de ellas, Casandra Holotescu. Este organismo llevó en el 2017 a un millar de personas ante los tribunales. Entre ellas estaban tres ministros, cinco diputados, un senador y dos secretarios de Estado. "Sentimos que ahora hay más esperanza", señala a su lado Dana Lazar. "Entrar en la UE [2007] nos ha ayudado. Somos la primera generación que se ha ido de Erasmus y que ha visto mundo", añade.

Si algo marcó el último año del país (el segundo más pobre de la UE) son las manifestaciones contra la corrupción, las más importantes desde la revolución de 1989 que acabó con 43 años de dictadura comunista. En febrero del 2017, una polémica ley aprobada por el Partido Socialdemócrata (PSD) que despenalizaba ciertos casos de corrupción sacó a las calles de las principales ciudades rumanas (Bucarest, Cluj, Timisoara, Sibiu) a cientos de miles de rumanos. La presión fue tal, que el Gobierno retiró la medida. Pero para entonces ya había nacido #Rezistența, un movimiento cívico que lucha contra la corrupción y que cuenta ya con un canal de televisión online, Rezistența TV, donde discutir sobre la actualidad del país. 

La última gran manifestación en Rumanía fue el pasado enero, cuando unos 50.000 ciudadanos salieron a las nevadas calles de Bucarest para protestar contra la reforma de la justicia del Gobierno socialdemócrata, que fue aprobada en diciembre por el Parlamento, pero que aún debe ser ratificada por el presidente, Klaus Iohannis. Esta reforma ha recibido fuertes críticas de la UE y de EEUU. Sus detractores afirman que socava la independencia judicial, pues investigará a los magistrados que cometan errores y reducirá las competencias de la Fiscalía Anticorrupción.

La corrupción mata

La corrupción canaliza hoy en Rumanía un descontento popular en medio del cual las generaciones más jóvenes, organizadas y movilizadas a través de las redes sociales, piden paso. Son los nuevos indignados rumanos, aunque el carácter de sus revueltas es marcadamente "pro-UE, pro-OTAN y pro-Occidente", y en absoluto "anticapitalista", matiza Marius Stan, politólogo y director de investigación del Centro Hannah Arendt de la Universidad de Bucarest. Según él, "la generación de los 80 ha encontrado un nuevo lenguaje político".

"Tenemos a personas muriendo en los hospitales por culpa de desinfectantes de baja calidad", señala Florin-Alexandru Badita, fundador de Corupția ucide ("La corrupción mata"), organización creada en el 2015 y, actualmente, principal impulsora de las manifestaciones. Aquel año, 65 personas murieron a causa de un incendio en la discoteca Colectiv de Bucarest. El club, que no respetaba el aforo ni tenía las salidas de emergencias necesarias, funcionaba gracias a sobornos. Muchos supervivientes fallecieron después en los hospitales públicos porque contrajeron infecciones: el proveedor número uno de desinfectantes, Hexi Pharma, había alterado recetas y diluido sustancias. El escándalo provocó la dimisión del Gobierno.

Aquel incendio está marcado en la mente y el corazón de quienes ahora se movilizan contra la reforma de la justicia. Esta permitiría al Gobierno intervenir en el trabajo de jueces y fiscales, y daría a los fiscales superiores potestad para cesar investigaciones si las consideran ilegales. "Esta reforma ha sido aprobada en procedimientos de emergencia, sin transparencia y sin consulta pública real", critica Raluca Paraschiv, miembro de #Rezistența. La reforma también plantea el cese de la fiscal jefa de Anticorrupción, Laura Codruța Kövesi (símbolo de la lucha contra la corrupción del país), a quien el PSD acusa de "dañar la imagen del país" en el extranjero. Las protestas, por el contrario, apoyan a Codruța y a su Fiscalía.

Sectores vulnerables

La oenegé Funky Citizens, que colabora con Corupția ucide y con #Rezistența, se creó en el 2012 y trabaja por la transparencia en la judicatura y en la administración pública. Según Cosmin Pojoranu, miembro de la entidad, los sectores más vulnerables son la salud, la infraestructuras y los fondos de la UE. "Pero hay otras infracciones que aparecen de vez en cuando. Negar el derecho a voto, como sucedió en el 2014 [el Gobierno dificultó el voto de la diáspora rumana], es un buen ejemplo", certifica Pojoranu, quien opina que la cultura de las protestas en el país ha madurado.

Este pulso que vive Rumanía y los intentos del Gobierno por poner trabas a la investigación de la corrupción deben observarse desde una perspectiva europea. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha dicho recientemente que las personas que piden asilo en la UE son "invasoras musulmanas" y no "refugiadas". La extrema derecha es ya la tercera fuerza en este país. En Polonia, hace unos meses, 60.000 neonazis se manifestaron para celebrar el día de la independencia del país.