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EL DESAFÍO ISLAMISTA

París abre la puerta a que los yihadistas franceses detenidos en Siria e Irak puedan ser juzgados en la región

El caso de Emilie König, arrestada en el Kurdistán sirio y que solicita la repatriación, ejemplifica el dilema de Francia

Irene Casado Sánchez

El portavoz del Gobierno francés, Benjamin Griveaux, el miércoles 3 de enero.

El portavoz del Gobierno francés, Benjamin Griveaux, el miércoles 3 de enero. / REUTERS / BENOIT TESSIER

Tras la liberación de Raqqa, capital del autoproclamado Estado Islámico, el pasado mes de octubre, Francia se enfrenta a un nuevo desafío: gestionar las numerosas demandas de repatriación de yihadistas franceses detenidos por las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), una alianza opositora dominada por las milicias kurdas y apoyada por EEUU.

Entre los detenidos figura Emilie König. Esta mujer de 33 años, originaria de la región de Bretaña, era, hasta hace unas días, una completa desconocida para el gran público. Sin embargo, se trata de una de las precursoras del movimiento yihadista en Francia, figura en la lista negra de los "combatientes terroristas extranjeros" de EEUU y entre las personas más buscadas por los servicios de inteligencia franceses.

König fue detenida el pasado mes de diciembre, acompañada de su hijo de 4 años y de sus gemelas que apenas alcanzan 12 meses de vida, por las fuerzas kurdas en el noreste de Siria. Según su abogado, Bruno Vinay, König recurrió al Ministerio de Asuntos Exteriores para solicitar "protección consular", así como su repatriación. Una solicitud que fue denegada por las autoridades de París dado que Francia "no dispone de representación en Siria desde el 2012", según explicó el abogado en un comunicado.

Ante tal negativa, el miércoles 3 de enero, el letrado volvió a probar suerte a través de un nuevo comunicado: Emilie König "es la madre de tres niños franceses" y "se debe hacer todo lo posible para facilitar su repatriación, respetando los compromisos internacionales de Francia". El abogado subrayó que su representada está "a disposición de la justicia (…) y mantiene un espíritu de cooperación".

Proceso equitativo

Sin embargo, este jueves 4 de enero, Benjamin Griveaux, portavoz del Ejecutivo francés, ha aprovechado su intervención en la cadena francesa BFMTV para anunciar que las mujeres yihadistas detenidas por las fuerzas kurdas en Siria podrán ser juzgadas en el "Kurdistán sirio (…) si las instituciones judiciales son capaces de asegurar un proceso equitativo (…) en el que sus derechos de defensa sean respetados".

Este anuncio fue respaldado por el representante de Francia en la región, Khaled Issa, que en declaraciones al diario 'Le Monde', recordó la colaboración entre Francia y el Kurdistán en el marco de la coalición internacional contra el Estado Islámico y aseguró que los kurdos están dispuestos tanto a "juzgarlos en Siria, como a entregarlos a las autoridades francesas si así lo solicitan. La voluntad de Francia será respetada".

Así, la decisión sobre el porvenir de las decenas de franceses detenidos en zonas yihadistas en Irak y Siria recae de nuevo sobre las autoridades francesas. El pasado 9 de noviembre, durante su viaje a Abu Dabi, el presidente, Emmanuel Macron, hizo una mención especial a los yihadistas de origen francés detenidos en Siria e Irak -según el Ejecutivo, desde 2014 cerca de 1.700 franceses viajaron a la región para unirse a las filas del Estado Islámico-: "Algunos regresarán sin ser repatriados, algunos podrán ser repatriados, y algunos serán juzgados junto a sus familias, en ciertas circunstancias, en los países donde se encuentren, en particular en Irak". En este contexto, Macron hizo una mención concreta a las "mujeres y niños", asegurando que "se estudiará caso por caso (...) Dependiendo de cada país y de las circunstancias".

El desafío no ha hecho más que comenzar. En noviembre del 2017, el Gobierno estimaba que de los 1.700 franceses desplazados a las zonas controladas por el Estado Islámico, 278 habrían fallecido y 302 habrían regresado a Francia, entre ellos 66 mujeres y 58 menores que deberán ser juzgados y puestos bajo la tutela del Estado. Una cifra que podría aumentar en los próximos meses.  

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