DOS AÑOS DE MAURICIO MACRI

El lado oscuro de Macri

El encarcelamiento sin juicio de colaboradores de Cristina Fernández, las recetas neoliberales y la represión policial marcan los dos años de gestión del presidente argentino

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ABEL GILBERT / BUENOS AIRES

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A Mauricio Macri se lo conoce como el 'el ángel exterminador', y no es por la película de Luis Buñuel. El apodo se lo puso Jorge Asís, autor de uno de las novelas esenciales de los años setenta, “Flores robadas en los jardines de Quilmes”, y estrella televisiva desde hace meses. Para Asís, el presidente merece semejante mote porque “todos los que se le enfrentaron”, ya sean políticos,  sindicalistas o empresarios, han sido “exterminados”.

Un total de 23 estrellas del entorno de su predecesora Cristina Fernández de Kirchner, entre ellos, el vicepresidente Amado Boudou, pasarán la Navidad en prisión, aunque no tienen condena. Algunas de las causas judiciales que los llevaron entre rejas, como la de supuesta complicidad con Irán para encubrir un atentado terrorista de 1994, por la cual un juez federal quiere encarcelar a la expresidenta, hizo que Human Rights Watch (HRW) denunciara un procedimiento  “descabellado” y sin “fundamentos”.

El permanente desfile de kirchneristas por los tribunales se ha convertido en una suerte de espectáculo paralelo y, según el mordaz Asís, por ahora le ha servido a Macri para entretener a esos millones de argentinos que, ante todo, aborrecen a la exmandataria y actual senadora. “Pero esa leche pronto se agotará”, advirtió este escritor que también solía irritar al Gobierno anterior. Entonces, los problemas reales de la economía ocuparán el centro de una realidad que las pantallas televisivas endulzan.

Algo de esto ha comenzado a suceder con la reforma que recorta alrededor de un 13% las pensiones. Las cacerolas, que antes se percutían en barrios de la clase media y alta para expresar el enojo con la 'yegua' -así llamaban a la presidenta- sonaron en la noche del lunes pasado para expresar el desagrado por una ley que el 'macrismo' negaba en medio de la campaña electoral de los comicios de octubre en los que resultó vencedor. El Gobierno reconoció que su decisión tiene algo de medicina amarga pero necesaria y auguró que, a la larga, traerá beneficios. Lo mismo dijeron en los años noventa el presidente Carlos Menem y su sucesor Fernando de la Rúa. Este último también podó un 13% las pensiones y los salarios. Una convulsión social derivada del corralito financiero lo obligó a dimitir en diciembre del 2001.

Regreso al pasado

Han pasado 16 años y Argentina, en ciertos aspectos, parece encontrarse en el mismo punto. Macri, quien tiene una popularidad del 40%, necesita apuntalar su reelección en el 2019 con obras públicas en la provincia de Buenos Aires, la más importante del país, y, especialmente, reducir el déficit fiscal. El Gobierno requiere de fondos para abonar los intereses de la deuda pública que, de acuerdo con algunas estimaciones, se incrementó en dos años 100.000 millones de dólares.

Los pasivos en moneda extranjera se destinan a pagar las importaciones, financiar viajes al exterior de la clase media, cancelar los intereses con los acreedores y alimentar la fuga de capitales. Los argentinos acumulan 262.343 millones de dólares en el exterior, el 44% del PIB. Si se contara lo guardado en los paraísos financieros 'offshore', la cifra se duplica.

Meses atrás, el Gobierno abrió la ventana para que las grandes fortunas blanquearan sus millones no declarados y así estimular las inversiones. Sin embargo, cuatro de cada cinco dólares no volvieron a la Argentina tras ser declarados. El periodista Horacio Verbitsky reveló que entre los beneficiados se encuentran Gianfranco Macri, hermano del mandatario, y Nicolás Caputo, testigo de la boda del el jefe de Estado cuya fortuna ha crecido al calor de contratos con el Estado. Macri lo llama hermano de la vida.

Bajadas a unos, subidas a otros

Como el Gobierno de centroderecha rebajó los impuestos a los grandes productores agropecuarios y las mineras, los pensionados volvieron a ser el eslabón más débil. Hubo un segundo 'tarifazo' -subida de impuesto de los servicios básicos- y se anuncian nuevos despidos de funcionarios del Estado.

En este contexto crece la protesta social y, como respuesta, el endurecimiento de las fuerzas de seguridad en las calles. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó de desmedida la reacción policial a las grandes movilizaciones contra el ajuste de las pensiones. El Gobierno negó la represión. Dijo que solo trató de neutralizar a una minoría muy violenta que, a pedradas, es presentada como una gran amenaza institucional. En un país dividido emergen tensiones no previstas por la “revolución de la alegría”, como el macrismo se definió antes de llegar al poder.