27 may 2020

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NEGOCIACIÓN DE SALIDA

El acuerdo de divorcio UE-Londres en cuatro claves

Para efectuar el 'brexit, el Reino Unido pagará 45.000 millones de euros, no habrá frontera dura con Irlanda del Norte y se protegerán los derechos de los ciudadanos comunitarios

Silvia Martinez

La primera ministra británica, Theresa May,  junto al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

La primera ministra británica, Theresa May,  junto al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. / VIRGINIA MAYO (AP)

Las negociaciones del 'brexit' no han concluido todavía y quedan asuntos importantes sobre la mesa por cerrar -desde el Tratado Euratom hasta la futura gobernanza o la cooperación judicial y policial- pero Londres y Bruselas se han puesto de acuerdo este viernes sobre los grandes elementos de la primera fase del divorcio que ahora deberán concretarse y cerrarse para octubre del 2018, según ha anunciado el negociador de la UE, Michel Barnier. El informe conjunto, validado a ambos lados del Canal de la Mancha, incluye compromisos sobre derechos de los ciudadanos, frontera de Irlanda y factura del divorcio.

1 / Una factura de 45.000 millones

Durante meses la factura fue el gran escollo de la negociación. Cuánto dinero tendría que aportar el Reino Unido para saldar las cuentas cuando abandone el club. El documento acordado no incluye cifras. “Nunca he citado cifras y no voy a empezar a hacerlo ahora porque no podemos calcular exactamente la cifra”, ha reiterado este viernes el negociador jefe europeo, Michel Barnier. Pero haberlas haylas y las estimaciones “razonables” que manejan en Bruselas oscilan entre los 40.000 y 45.000 millones de euros, un montante muy similar al que la semana pasada daban por bueno varios diarios británicos.

Londres se compromete a seguir pagando al presupuesto de la UE durante 2019 y 2020 -entre 17.000 y 18.000 millones- para cubrir los compromisos asumidos con el marco presupuestario 2014-2020. Además, honrará los compromisos financieros asumidos a 28 y que todavía no se han desembolsado -entre 22.000 y 23.000 millones- y aportará su parte de los pasivos contingentes como los préstamos concedidos por la UE y las pensiones de los eurofuncionarios estimados entre 2.000 y 4.000 millones. En definitiva, una cesión importante dadas las resistencias iniciales de Londres a saldar las cuentas. En lo único que los británicos han conseguido arañar una pequeña concesión es que no tendrán que asumir el coste del traslado de las dos agencias europeas con sede en Londres, la EMA y la EBA.

2 / Garantías para los ciudadanos

El pacto incluye garantías para los 3,3 millones de europeos que han decidido vivir en Reino Unido y los 1,2 millones de británicos que viven en otros países de la UE. Serán de aplicación recíproca, no habrá discriminación por nacionalidad y se aplicarán desde el 29 de marzo de 2019, la fecha de corte establecida por los negociadores, aunque podrá ser modificada y retrasada en función del período de transición.

Según el acuerdo, todos los ciudadanos que hayan llegado antes de la fecha de salida de Reino Unido podrán seguir trabajando y estudiando como hasta ahora. Los miembros de la familia -maridos, mujeres, hijos, padres- incluidos los niños que nazcan después de la fecha de salida tendrán derecho a la reunificación familiar y todos conservarán sus derechos a pensión, sanidad y prestaciones familiares incluso aunque se muden a otro Estado miembro. Además, Londres se compromete a crear un procedimiento para obtener el “estatus de asentado” en Reino Unido con un coste similar al que pagan los británicos por documentos similares, de unos 80 euros.

Las garantías quedarán recogidas en el Tratado de Salida, que será incorporado también a la legislación británica, mientras que Reino Unido creará una autoridad independiente para garantizar los derechos de los ciudadanos. El pacto garantiza que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) será el árbitro a la hora de interpretar la legislación comunitaria. Esto significa que los tribunales y jueces británicos tendrán que seguir las decisiones del Tribunal de la UE. Es decir, cuando exista jurisprudencia sobre un asunto, los jueces británicos deberán tomarla en cuenta. Cuando no exista, el juez británico tendrá la posibilidad de plantear una pregunta prejudicial al TJUE, un mecanismo que será válido durante un periodo de ocho años, un plazo que en Bruselas consideran “razonable” para construir una jurisprudencia coherente.

3 / No habrá "frontera dura" con Irlanda

Londres y Bruselas se comprometen a evitar el regreso de “una frontera dura” entre Irlanda e Irlanda del norte. Esto significa que, si no se encuentra otra solución en los próximos meses, Irlanda del Norte seguirá dentro de la Unión aduanera y el mercado interno de la UE para apoyar la cooperación entre el norte y el sur, la economía de la isla y proteger el Acuerdo de Paz de Viernes Santo. Además, los ciudadanos que residen en Irlanda del norte que sean ciudadanos irlandeses seguirán disfrutando de sus derechos como ciudadanos de la UE y Reino Unido se compromete a permitir la continuación del área común de viajes.

“Ahora necesitamos desarrollar soluciones creativas que funcionen”, ha explicado el negociador europeo, Michel Barnier. “Para tener éxito no solo necesitamos ser flexibles e imaginativos sino mostrar un sentido colectivo de responsabilidad”, ha recordado insistiendo en que cualquier negociación final deberá respetar la integridad del mercado único y la unión aduanera.

4 / ¿Cuáles son las siguientes etapas?

Si los 27 avalan en la cumbre de la semana que viene el contenido del pacto bilateral Bruselas-Londres la consecuencia directa será la desaparición de los obstáculos que impiden empezar a preparar formalmente la relación futura y el período de transición previo al que aspira el Gobierno británico. Theresa May quiere un plan de transición de dos años una vez que el Reino Unido abandone el club el 29 de marzo de 2019 para dar tiempo a ciudadanos y empresas a prepararse. Un período de tiempo en el que los británicos seguirán formando parte del mercado interior y la unión aduanera, seguirán pagando religiosamente al presupuesto comunitario y respetando sus obligaciones aunque el proceso de toma de decisiones en la UE será a 27.

Fuentes del Consejo estiman que los líderes de los 27 podrían dar vía libre a las nuevas directrices que acotarán el mandato negociador de Barnier en la cumbre prevista para el mes de febrero o marzo aunque todo dependerá “de la claridad” y la rapidez con la que responda el Reino Unido. En cuanto a la futura relación comercial, las discusiones solo podrán comenzar, insisten fuentes del Consejo, una vez que el Reino Unido se convierta en un país tercero. Y dado que Londres ya ha dejado claro que renuncia a seguir formando parte del mercado único, en Bruselas se inclinan por un acuerdo al estilo del tratado CETA pactado el año pasado con Canadá.