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PROCESO CONTROVERTIDO

Juicio en Turquía a 11 activistas de derechos humanos

Entre los procesados están la directora y el presidente de la rama turca de Amnistía Internacional

Adrià Rocha Cutiller

Un grupo de manifestantes protestan contra el juicio a los activistas de derechos humanos en Estambul.

Un grupo de manifestantes protestan contra el juicio a los activistas de derechos humanos en Estambul. / YASIN AKGUL / AFP

Se les acusa de pertenecer a una organización terrorista. En el momento de su detención celebraban un taller un Estambul para aprender a encriptar información, almacenarla de forma segura en un teléfono e impedir que la policía pudiera acceder a ella. Este miércoles, con una gran expectación internacional, ha empezado su juicio.

Son los conocidos como los «once de Estambul», un grupo de activistas por los derechos humanos entre los que se encuentran la directora en Turquía de Amnistía Internacional (AI), Idil Eser, el presidente de esa misma organización en Turquía, Taner Kiliç —que fue detenido un mes antes que los demás—, la activista Özlem Dalkiran, el alemán Peter Steudtner y el sueco Ali Gharavi, entre otros.

La fiscalía considera que buscaban cometer ilegalidades, y que su objetivo era modificar la situación política actual a través de «organizaciones que actuarían como oenegés pero dirigidas por organizaciones terroristas».

«Desde el momento de sus detenciones, es evidente que estos procesamientos se han decretado por motivos políticos, con objeto de silenciar las voces críticas dentro de Turquía», ha dicho John Dalhuisen, director de AI para Europa, que considera el juicio como absurdo.

«Varios vínculos»

A los acusados —dos de los cuales están en libertad condicional— se les vincula con tres organizaciones distintas, algo común en los juicios contra periodistas y activistas en Turquía. Concretamente, según la fiscalía, estos activistas tienen relación con la guerrilla del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), el grupo armado marxista turco DHKP-C y la cofradía de Fetulá Gulen. A este último, el Gobierno del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, le acusa de orquestar el intento de golpe de estado del 15 de julio de 2016. En esa noche, a causa de la intentona, murieron 250 civiles.

Al presidente de AI en Turquía, además, se le vincula especialmente con el grupo de Gülen, ya que, según la acusación, Taner Kiliç había descargado y usaba la aplicación de teléfono móbil ByLock, usada por los gülenistas para enviarse mensajes encriptados. Tener esta aplicación instalada ya es, para la fiscalía turca, motivo suficiente para detener a una persona.

AI, sin embargo, ha publicado este miércoles dos informes en los que determina que Kiliç nunca tuvo ByLock en su teléfono.

«Estos dos juicios serán una prueba de fuego para el sistema judicial turco. Si un relato de ficción elaborado mediante acusaciones absurdas e infundadas puede subvertir la justicia, será un sombrío día para la justicia turca y un augurio nefasto para el futuro de los derechos humanos en el país. Ha llegado el momento de dejar en libertad sin condiciones a nuestros compañeros y compañeras, algo que debería haberse hecho hace mucho tiempo», ha exhortado John Dalhuisen, director de AI para Europa.

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