Jura Comisión de la Verdad en Bolivia para investigar crímenes de dictaduras
El presidente de Bolivia, Evo Morales, tomó juramento hoy a los miembros de la Comisión de la Verdad que investigará los crímenes de las dictaduras del período 1964-1982, como la desaparición del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz.
Nila Heredia, Édgar Ramírez, Eusebio Gironda, Isabel Viscarra y Teodoro Barrientos trabajarán durante dos años y sin remuneración para indagar los delitos de los gobiernos militares dictatoriales.
Fueron elegidos por su compromiso con los Derechos Humanos, vivieron durante el tiempo de las dictaduras militares y algunos de ellos son afines al mandatario boliviano.
El gobernante reconoció que intentó varias veces con varios jefes militares conocer dónde estaban enterrados los restos de Quiroga Santa Cruz, asesinado en 1980, pero no tuvo éxito y ha encargado esa investigación a esta comisión.
Quiroga Santa Cruz fue un destacado líder izquierdista que siendo diputado inició el juicio de responsabilidades contra el exdictador Hugo Bánzer Suárez (1971-1978) y posteriormente fue asesinado durante el golpe de Estado de Luis García Meza (1980-1981).
Las dictaduras militares en Bolivia dejaron 1.392 personas asesinadas, 486 desaparecidos y 2.469 exiliados, de acuerdo a un documento escrito por el sacerdote jesuita Federico Aguiló citado hoy por Morales durante el acto.
El mandatario también sostuvo que hablar de los golpes en América Latina "es hablar de Estados Unidos" porque tuvo relación con la Operación Cóndor (1970-1980) que coordinó las acciones represivas de los gobiernos militares de Chile, Bolivia, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.
La Comisión tendrá la misión de investigar lo sucedido en "cada una de las dictaduras" mediante la "desclasificación de archivos" de las Fuerzas Armadas, aseguró la diputada oficialista Sonia Brito.
Viscarra dijo a Efe que la tarea de hallar los restos de Quiroga Santa Cruz es "demasiado difícil", pero tratarán de hacerlo.
La familia de Quiroga Santa Cruz ha acusado al propio Morales de no haber hecho lo suficiente para aclarar dónde están los restos del político, que fue herido y detenido por grupos de paramilitares el 17 de julio de 1980, cuando se produjo el golpe de García Meza.
García Meza cumple una condena de 30 años de prisión sin derecho a indulto por ese crimen y otros cometidos durante su dictadura.
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