El poder en Rusia lamina a la oposición liderada por Navalny

Exhaustivos registros en sus sedes, tanto en la capital como en las provincias, agresiones de matones progubernamentales durante actos convocados, confiscación de material, arrestos, palizas y hasta sentencias inusualmente duras con ánimo "de amedrentar", según denuncian los afectados. El reciente éxito de las masivas manifestaciones contra la corrupción convocadas por Alekséi Navalny, que tuvieron lugar en un centenar de ciudades de Rusia y en las que participaron decenas de miles de personas, ha desencadenado una potente represión contra su movimiento por parte del Estado.

Activistas de derechos humanos y dirigentes del Partido del Progreso, la formación de Navalny, denuncian que, mediante estas maniobras intimidatorias, el poder ruso intenta asfixiar a la principal fuerza opositor en el país e impedirle que pueda movilizarse para extender su mensaje crítico con el Kremlin en los meses que restan antes de la celebración de las elecciones presidenciales, previstas en la primavera próxima.  "Los partidarios de Navalny están siendo víctimas de ataques cada vez más frecuentes en la recta final de las comicios", constata para EL PERIÓDICO Tanya Lókshina, directora del programa para Rusia de Human Rights Watch.    

"En Moscú registraron nuestra sede en varias ocasiones, con diferentes excusas; en una ocasión vinieron con un grupo de asalto; el registro policial fue tan agresivo, que nos hemos visto obligados a cerrarla", relata, en un café de Moscú Nikolai Liaskin, dirigente en la sección de Moscú del partido de Navalny. La clausura temporal del local les ha obligado a reunirse en bares y restaurantes para planificar las acciones a seguir, ante el periodo electoral que se iniciará en Rusia a partir del otoño. "Pensaban que cerrando nuestra sede nos callarían, pero vamos a seguir trabajando", asegura, en tono desafiante. 

Parecido panorama en las regiones

Un panorama muy parecido se está produciendo en las regiones, donde los progresos realizados por Navalny son manifiestos ya que hasta hace solo unos meses parecían ser feudo exclusivo del Kremlin. Contactados por teléfono, tanto Serguéi Bespálov, en la ciudad siberiana de Irkutsk, como Aleksándr Pajómov, en Bratsk, a orillas del río Angara, también en la taiga siberiana, han denunciado la incautación "ilegal", por parte de la policía local, de folletos y material en donde se expresan las opiniones del movimiento de Navalny, además de los problemas judiciales que ello les podría acarrear.

"La policía ha recibido órdenes de ir contra nosotros; la fiscalía aún no sé lo que hará", se lamenta Pajómov. En ambas ciudades se han abierto investigaciones por supuesta agitación electoral cuando aún no ha empezado la campaña de las presidenciales.

En Kostroma, (Rusia europea) partidarios de Navalny y agentes de policía se enfrentaron durante un acto celebrado el primer sábado de agosto en la plaza de Octubre, en el centro de la ciudad, unos incidentes en los que el vicecoordinador del movimiento resultó herido en la cabeza. La presión judicial y policial está afectando incluso al propio Navalny. La condena en suspenso de cinco años de prisión por desvío de fondos acaba de ser ampliada un año más por un tribunal de Moscú. "Prolongando mi sentencia, me impiden presentarme como candidato en las presidenciales", ha reaccionado Navalny.

En marzo pasado, Navalny se apuntó por sorpresa una inesperada victoria, al congregar a decenas de miles de personas decenas de miles de personasen numerosas ciudades de Rusia para protestar contra el primer ministro Dmitri Medvédev, al que acusaban de recibir sobornos de oligarcas. En junio, el bloguero repitió su triunfo, incrementando incluso el numero de congregados. Más de 1.000 personas resultaron detenidas en cada una de las convocatorias. 

La mayoría de los arrestados fueron recluídos en centros de detención administrativa y liberados a los pocos días. En algunos casos, sin embargo, han sido juzgados y condenados a penas de prisión de entre ocho meses y dos años y medio de prisión. "Creemos que con estas condenas el poder quiere provocar el miedo de la gente para que no acuda a las manifestaciones", opina Liaskin.