La justicia condena a Lula a nueve años de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero

Lula habla a sus seguidores tras declarar ante el juez, en Curitiba, el 10 de mayo.

Lula habla a sus seguidores tras declarar ante el juez, en Curitiba, el 10 de mayo. / periodico

ABEL GILBERT / BUENOS AIRES

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Luiz Inácio 'Lula' da Silva fue condenado a nueve años y seis meses de prisión por corrupción en un dictamen que vuelve a polarizar las opiniones en Brasil. Para los defensores del expresidente se trata de un flagrante caso de politización de la justicia. Los adversarios del fundador del Partido de los Trabajadores (PT), favorecido en las encuestas de cara a las próximas elecciones, han encontrado una razón para celebrar.El  fallo del juez Sergio Moro tiene que ver con una causa vinculada a la estatal Petrobras. Moro, un pertinaz y declarado enemigo de Lula, decidió sentenciarlo por corrupción pasiva y lavado de dinero en torno a un apartamento de tres pisos que se encuentra en el balneario paulista de Guarujá, y que, de acuerdo con el dictamen, habría sido obtenido a cambio de favores a la constructora OAS, una de las principales involucradas en el llamado caso “petrolão”. Lula no será enviado a prisión por el momento y solo la cumplirá en caso de que la pena sea ratificada por un tribunal de segunda instancia, y eso no sucederá hasta octubre del 2018. Según la fiscalía, el exsindicalista también habría recibido de la empresa otras “ventajas indebidas” que permitieron reformar y decorar el inmueble, que está a nombre de OAS, y el pago del depósito para guardar sus pertenencias desde que dejó el Palacio del Planalto. Los sobornos en especie equivaldrían a 1,2 millones de dólares.“Nunca tuve la intención de adquirir el tríplex. Yo no lo solicité, no lo recibí ni lo pagué; no lo tengo”, dijo el exmandatario ante Moro el pasado 10 de mayo. Lula siempre ha negado que el apartamento sea de su propiedad. El propio expresidente de la constructora, Leo Pinheiro, convertido en colaborador de la justicia por el sistema de delación premiada, aseguró sin embargo que Lula le había pedido no poner el inmueble a su nombre hasta que se diluyeran las investigaciones en su contra.

 EL PT CALIFICA CONDENA DE ILEGAL

“Este juicio políticamente tendencioso muestra bien  porqué es necesario encaminar este caso hacia el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra”, explicaron los abogados de Lula, Cristiano Zanin Martins y Valeska Teixeira Zanin Martins. “Ninguna evidencia creíble de culpa ha sido encontrado y las pruebas de su inocencia fueron descaradamente ignoradas”. Gleisi Hoffmann, el presidente del PT consideró lamentable que un juez actúe como político para excluir a Lula de la futura disputa electoral. “Se trata de una condena equivocada, arbitraria e ilegal”.Sin pruebas, están cumpliendo el guión trazado por los grandes medios de comunicación. Hace años que Lula, el presidente más popular de la historia del país y uno de los líderes más importantes del siglo XXI, viene sufriendo una persecución sin cuartel", dijo Dilma Rousseff, destituida de la presidencia en diciembre de 2015. “El pueblo sabrá rescatarlo democráticamente”, advirtió. Lula tiene 71 años y enfrenta otras cuatro causas en manos de Moro. Había decidido volver a competir por la presidencia. Sus recorridos a lo largo del país lo habían posicionado como favorito. La reciente encuesta de Datafolha encendió las alarmas de los que quieren ver a Lula muy lejos del Palacio Planalto: su intención de voto es el 30%. Si la sentencia se confirmara no podría participar de las elecciones: quedaría inhabilitado para ejercer cargos públicos por 19 años. En este contexto se conoce el pronunciamiento del juez.

CONTEXTO REGRESIVO

La sentencia se conoce días después de la aprobación por parte del Senado de una legislación laboral calificada de escandalosa y regresiva por las centrales obreras al poner en peligro la estabilidad de los trabajadores, autorizar la paga por hora en vez de mensual, hacer más flexible la jornada de trabajo, reducir de la responsabilidad del empleador ante el cumplimiento (y el costeo) de las normas de salud, seguridad higiene, cambiar el marco de las negociaciones en favor de las patronales y reducir las horas de descanso.

El fallo coincide a su vez con un momento de extrema delicadeza política en Brasil y con la suerte del mandatario interino, Michel Temer, pendiendo de un fino hilo. La denuncia por corrupción avanza en el Congreso sin que su base parlamentaria pueda detenerla. De hecho, el diputado Sergio Zveiter, que pertenece al mismo partido de Temer, el Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), aseguró, en su condición de relator de la Comisión de Constitución y Justicia de la cámara, consideró que existen “sólidos indicios”  para juzgar al jefe del Estado provisorio que sustituyó a Rousseff.