Puerto Rico vota por convertirse en el 51 estado de EEUU en un plebiscito de dudosa efectividad

A la quinta, casi con toda seguridad, tampoco irá la vencida para que se decida definitivamente el estatus de Puerto Rico en su relación con Estados Unidos. La isla, asfixiada por una década de recesión y oficialmente en quiebra con una deuda de 123.000 millones de dólares, ha celebrado este domingo un plebiscito para decidir sobre esa relación y aunque cerca del 98% de los votantes han apoyado la adhesión como estado de pleno derecho, los partidarios de la llamada “estadidad” no pueden ni mucho menos declarar victoria.

La consulta no tenía carácter vinculante por decisión de la Administración de Donald Trump, y en cualquier caso, además, necesitaría de una acción del Congreso federal en Washington para ampliar EEUU a 51 estados. Además, han tenido éxito las llamadas al boicot de los partidos de la isla que apuestan por mantener el actual estatus de estado libre asociado o por la independencia: la abstención ha marcado la jornada y la participación se ha quedado por debajo del 23%, lo que plantea dudas sobre la legalidad de dar por representativos los resultados.

El combate, además, no ha acabado con la votación. El gobierno del conservador Ricardo Roselló, promotor de la “estadidad”, insiste en que intentarán hacer valer los resultados en Washington y ha anunciado también que acudirá “a los foros internacionales para defender el argumento de la importancia de que Puerto Rico sea el primer estado hispano de Estados Unidos”. Los representantes del Partido Popular Democrático, que aboga por el statu quo, y el Partido Independentista Puertorriqueño, no obstante, deslegitiman los resultados. “Rosselló va a ir a Washington y decir que esto es lo que la gente quería pero nosotros vamos a decir que no es verdad y los números hablan por sí mismos”, ha dicho en rueda de prensa el presidente del PPD, Héctor Ferrer.

DESINTERÉS DEL PARTIDO DE TRUMP

Rosselló tiene difícil, además, encontrar oídos abiertos en el Congreso federal. Los republicanos, que controlan las dos Cámaras, no están por la labor de dar representación a los puertorriqueños, una población de tendencia demócrata en las urnas y que actualmente no tiene derecho a votar en las elecciones presidenciales estadounidenses. Su actual representante en el Congreso tiene derecho limitado de voto.

Desde el gobierno de San Juan el referendo (quinto tras los de 1967, 1993, 1997 y 2012) se había promovido, en parte, como un paso en el arduo camino hacía la solución de la grave crisis económica que asola a la isla, de la que han emigrado rumbo a EEUU en la última década cerca de medio millón de puertorriqueños. Casi la mitad de sus 3,4 millones de actuales habitantes viven en la pobreza, el índice de paro es del 12% y el coste de la vida es mucho más alto que en EEUU, con la alimentación un 22% más cara y los servicios públicos un 64%. En esas circunstancias, y en el mismo mes en que se han cerrado 163 escuelas públicas, muchos han criticado la celebración de una consulta que ha costado 7,5 millones de dólares y que Washington había pedido que se retrasara.

La economía de Puerto Rico está intervenida desde el año pasado por una junta de control fiscal que nombró el Congreso de Washington y que, formada por siete tecnócratas estadounidenses, es la que supervisa la política económica, con autoridad para derogar leyes.