Puerto Rico decide sobre su relación con Estados Unidos

El 9 de junio del 2016 quedará para siempre grabado en la historia moderna de Puerto Rico. El termómetro orillaba los 37 grados centígrados, cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos estableció que la soberanía última de la isla no reside en sus instituciones sino en el Congreso federal. No acabó ahí la cosa porque unas horas después la Cámara baja del Congreso en Washington dio el primer paso para imponer una junta de control fiscal, formada por siete tecnócratas estadounidenses, para supervisar la política económica del Gobierno puertorriqueño, un gobierno en la sombra con autoridad para derogar sus leyes. “Estocada a la ilusión del Estado Libre Asociado”, tituló al día siguiente el diario 'El Nuevo Día'.

De un plumazo, quedó confirmado que Puerto Rico es esencialmente una colonia, que la soberanía última no reside en su Constitución sino en las instituciones de Washington. Esa realidad contradice la narrativa mantenida por los partidarios del estatus actual y vigente desde 1952, cuando la isla caribeña dejó de ser técnicamente una colonia estadounidense para convertirse en un Estado Libre Asociado, un territorio con tal nivel de autogobierno que habría dado pie a una relación de iguales con EEUU. "Es hora de exigir un proceso de descolonización”, reclamó el diario isleño en un editorial.

Un año después de aquel día tan revelador y traumático, los tres millones y medio de puertorriqueños vuelven a estar convocados a las urnas para decidir el futuro de su estatus político y su relación con Washington en una consulta. Es el eterno dilema de la excolonia española. El debate nunca cerrado en sus calles. “El deporte nacional”, como lo describe el periodista de 'El Nuevo Día', Israel Rodríguez Sánchez.  

Las papeletas de este domingo contemplan las tres opciones que resquebrajan el alma de los puertorriqueños. La "estadidad" o adhesión a EE UU como estado de pleno derecho; el "actual estatus territorial", quizás renegociado, pero esencialmente lo mismo; y la "independencia/libre asociación", que podría dar pie a caminos separados de Washington o a algún tipo de relación privilegiada entre iguales. 

Consulta no vinculante

Pero las expectativas de cambio son mínimas. La Administración de Donald Trump no ha permitido que el plebiscito sea vinculante y, para colmo, los partidos de la oposición al gobernador, Ricardo Roselló, han pedido por distintos motivos a sus votantes que boicoteen la consulta.

“No hay entusiasmo en la calle, en parte por el boicot de los partidos minoritarios. Es otra iniciativa que seguramente no acabará en nada”, opina el columnista político, Rodríguez Sánchez. Así fue en las cuatro ocasiones anteriores, los referéndum celebrados en 1967, 1993, 1998 y 2012. Ninguno alumbró un resultado demasiado concluyente ni contó con el aval legal de Washington, por lo que nada cambió en la práctica. Solo en el último ganó la “estadidad”, la opción defendida por el gobernador y favorita en las encuestas.

La consulta llega en un momento delicadísimo para la isla, sumida en una brutal crisis económica. Tras más de una década sin crecimiento económico, la tesorería pública está arruinada y la población no deja de menguar por el imparable éxodo hacia el territorio continental de EEUU. Incapaz de hacer frente a una deuda que asciende a 123.000 millones de dólares, si se incluye el también pasivo contraído para financiar las pensiones, el Gobierno isleño se declaró el mes pasado en quiebra con la esperanza de poder reestructurar la deuda. Su suerte dependerá de los tribunales federales estadounidenses porque al no ser un estado al uso no puede acogerse a las leyes de protección de bancarrota.

Pobreza y zika

La economía, entre tanto, sigue intervenida por la Junta fiscal y las políticas de austeridad se han exacerbado. Todo eso en una isla donde casi la mitad de la población vive en la pobreza y donde la amenaza del zika no ha desaparecido. “La gente está muy enfadada con la Junta. Le achacan todos los males, pero la verdad es que los recortes son inevitables”, afirma el economista, José Villamil, quien fuera presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico.

Ese contexto es esencial para entender la consulta porque los partidarios de cada una de las opciones venden la suya como una suerte de panacea para acabar con la crisis. El conservador Roselló esgrime que la adhesión a EE UU aportaría ingresos adicionales a la isla para salir de la crisis y permitiría al Gobierno y sus ayuntamientos restructurar la deuda acogiéndose a leyes de quiebra estadounidenses. Para los independentistas, que no han pasado del 6% en los cuatro plebiscitos celebrados hasta ahora, daría pie a que Puerto Rico pueda negociar acuerdos comerciales con el exterior y tenga una política monetaria propia.

Los sondeos dan favorita a la ‘estadidad’, entre otras cosas, porque el Gobierno ha dedicado la propaganda institucional a hacer campaña por esa opción en lugar de limitarse a propagar la consulta. Pero el estatus difícilmente cambiará. Los puertorriqueños seguirán siendo ciudadanos estadounidenses con derecho a establecerse en cualquier punto del país, pero sin voto en las presidenciales ni senadores o congresistas. Lo que muchos consideran ciudadanos de segunda.

El drama de los partidarios de la adhesión plena es que apenas hay apetito en Washington para permitirlo. Los republicanos, que controlan las dos cámaras en el Congreso, ven a la isla como un territorio pobre, endeudado y fuente de millones de votos demócratas. Un territorio que, para colmo, habla español y mantiene con orgullo indomable su herencia latinoamericana.