06 abr 2020

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INFORME

Amnistía denuncia la "muerte civil" de más de 100.000 funcionarios purgados en Turquía

Las purgas masivas e indiscriminadas han afectado a más de un millón de turcos y sacudido el sistema judicial, educativo y sanitario del país eurasiático

Javier Triana

El periiódico turco ’Sozcu’ se publicó el sábado en blanco para protestar por las detenciones de periodistas.

El periiódico turco ’Sozcu’ se publicó el sábado en blanco para protestar por las detenciones de periodistas. / AP / BURHAN OZBILICI

La organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI) ha alertado de la 'muerte civil' de más de 100.000 funcionarios despedidos del servicio público en Turquía en las purgas que han seguido al fallido golpe de Estado del pasado 15 de julio y por los mecanismos creados por los decretos del estado de emergencia declarado cinco días después y aún en vigor bajo pretexto antiterrorista.

“Debido al estigma de ser etiquetado como 'terrorista' bajo los decretos, muchos no han podido encontrar empleo. Otros, junto a sus familias, han perdido el alojamiento y el acceso a la sanidad derivados de sus puestos de trabajo. Dada la imposibilidad de ganarse la vida en Turquía, se les ha impedido a los funcionarios despedidos que busquen trabajo en el extranjero, ya que los decretos (del estado de emergencia) también detallan la cancelación de sus pasaportes”, explica el informe de AI, titulado 'Sin final a la vista: futuro negado a los funcionarios purgados en Turquía'.

DESPIDOS ARBITRARIOS

El documento –que se centra “en el despido arbitrario de más de 100.000 empleados del sector público, (…) militares, agentes de policía, maestros, médicos, profesores universitarios y gente que trabajaba en todas las capas de la administración central y local”– recoge 61 entrevistas con afectados, oenegés y Gobierno realizadas entre diciembre del 2016 y abril del 2017 y recomienda al Gobierno turco que acabe con los despidos arbitrarios e imponga sanciones administrativas solo por motivos legítimos y de manera proporcionada.

Para AI, aunque el objetivo principal de las purgas eran los seguidores de Fetullah Gülen (al que Ankara acusa de estar detrás del golpe), “está claro que un grupo mucho mayor” se ha visto afectado. Los afectados entrevistados por AI, así como los protagonistas de los casos documentados por EL PERIÓDICO, coinciden en que a ninguno les han dado acceso a las pruebas de su supuestos delitos ni posibilidad de recurrir las decisiones por los cauces legales habituales. “Si soy una terrorista, entonces, ¿por qué solo me despiden y no me meten en la cárcel?”, ironizaba hace meses una afectada a la que su despido y sus supuestos vínculos terroristas le fueron comunicados a través de un mensaje de texto a su teléfono móvil una semana después del fallido golpe de Estado. Cuando pidió explicaciones o pruebas de las acusaciones, se las negaron.

“Era un soldado combatiendo el terrorismo”, asegura a AI de manera anónima un militar despedido, procedente del sureste turco. “Iba a operaciones en las montañas, sin dormir en una cama de verdad, sin comer buena comida o beber agua limpia. He visto morir a mis amigos. Hacía un trabajo que nadie quería hacer pero la sociedad me consideraba un héroe. Ahora me ven como un terrorista y un traidor”, lamenta.

Estas personas sospechan, y así lo publica también AI, que sus despidos vienen motivados por su oposición “real o supuesta” al gubernamental Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP, islamista).

Distintas fuentes opositoras consultadas coinciden en que la purga se estaba realizando antes del fallido golpe de manera más silenciosa y discreta, pero el estado de emergencia que siguió a la asonada posibilitó que esta se acelerara, al circunvalar los mecanismos de garantías legales.

EFECTOS EN EL SISTEMA

Más allá de la situación personal de cada uno de los afectados y sus familias, todo el sistema se ha visto sacudido por las purgas, como denuncian varios sindicatos.

“La calidad de la sanidad y la educación se están reduciendo por los despidos. Antes de estos, ya había necesidades”, lamentaba en rueda de prensa el pasado mes de marzo el presidente de la central sindical del sector público KESK, Lami Özgen. “Pueden contratar nuevo personal –admite el líder sindical–, pero han perdido gente con experiencia”. En KESK estiman los afectados totales en más de un millón y aportan una cifra escalofriante: al menos 27 funcionarios se suicidaron después de ser despedidos. “Habrá consecuencias en el futuro”, alerta Özgen, “pero el Gobierno ignora la situación”.

Amnistía Internacional aporta un grano más de incertidumbre: “Ahora mismo, ningún tribunal en Turquía ha aceptado la jurisdicción para revisar los despidos”.