la crisis venezolana

El Parlamento de Venezuela acusa a Maduro de dar "un golpe de Estado"

La Asamblea Nacional rechaza la decisión del Supremo de asumir sus competencias, tomada tras acusar de "desacato" a la Cámara dominada por la oposición

Julio Borges, presidente de la Asamblea nacional, rompe una copia de la sentencia del Supremo, en una rueda de prensa en Caracas, el 30 de marzo.

Julio Borges, presidente de la Asamblea nacional, rompe una copia de la sentencia del Supremo, en una rueda de prensa en Caracas, el 30 de marzo. / periodico

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La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, controlada por la oposición, ha acusado este jueves al presidente Nicolás Maduro de haber dado un "golpe de Estado", después de que el Tribunal Supremo decidiese ayer asumir las competencias del Legislativo por mantenerse este en "desacato" desde el año pasado.

"Es un golpe de Estado, y quiero que el mundo nos ayude y los medios nos ayuden a decirlo con todas sus letras: en Venezuela Nicolás Maduro dio un golpe de Estado", ha aseverado el presidente de la AN, el opositor Julio Borges, en rueda de prensa desde el Palacio Legislativo.

Borges ha anunciado que la Cámara desconoce al máximo tribunal del país debido a que, ha afirmado, sus magistrados fueron elegidos "para gobernar fuera de la Constitución". "A esta Sala Constitucional que está fuera de la Constitución, el día de hoy los 112 diputados de la unidad nacional quieren dejar claro que el Parlamento se rebela y desconoce esta sentencia de la Sala Constitucional", ha aseverado.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela decidió ayer que asumirá las competencias del Parlamento debido a la persistencia del "desacato", un estatus que el Poder Judicial impuso a la Cámara por el incumplimiento de varias sentencias.

Mientras rompía en pedazos la sentencia del Supremo, Borges calificó de "basura" este documento, y dijo que estas no son decisiones contra la Asamblea sino "contra el pueblo venezolano". "Estos señores de la Sala Constitucional tienen los riñones (la osadía) de creer que en estos momentos van a pasar por encima del pueblo venezolano", expresó.

INCUMPLIMIENTO DE VARIAS SENTENCIAS

El Supremo decidió asumir las competencias del Parlamento ante la persistencia del "desacato", estatus impuesto el año pasado por el incumplimiento de varias sentencias. "Mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho", indicó una sentencia del tribunal.

Esta decisión nace de la respuesta a un recurso de interpretación en el que cuatro abogadas pidieron al Supremo analizar el alcance de un artículo constitucional y otro de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.

Estos apartados establecen que la constitución de empresas mixtas "requerirá la aprobación previa" de la AN, "a cuyo efecto el Ejecutivo (...) deberá informarla de todas las circunstancias pertinentes a dicha constitución y condiciones, incluidas las ventajas especiales previstas a favor de la República".

La Ley de Hidrocarburos indica que en esta materia el Parlamento podrá modificar las condiciones propuestas o establecer las que considere convenientes, y que cualquier cambio posterior también deberá ser sometido a la evaluación de la Cámara.

MAYORÍA ABSOLUTA

Sin embargo, el Supremo resolvió que "no existe impedimento alguno" para que el Ejecutivo constituya empresas mixtas, e indicó que éste deberá informar a la Sala Constitucional "de todas las circunstancias pertinentes a dicha constitución y condiciones".

Además, el TSJ subrayó que el Parlamento, "actuando de facto", no podrá modificar las condiciones propuestas ni pretender el establecimiento de otras condiciones en estas asociaciones.

Entre las consideraciones para decidir el Supremo recordó que la AN, que se instaló en enero de 2016 con una inédita mayoría opositora, incorporó a tres de los cuatro diputados del estado Amazonas (sur), cuya investidura ha sido impugnada y que por este caso todavía no hay una decisión.

La Alta Corte señaló que, mientras se mantenga el desacato, todos los actos del Legislativo son nulos y carecen de validez.

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