20 feb 2020

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La ONU acusa a Turquía de graves violaciones de los derechos humanos en la región kurda

Naciones Unidas calcula 2.000 muertos en la zona entre julio de 2015 y diciembre de 2016

Ankara denegó el acceso al terreno a los investigadores y proporcionó solo material de los atropellos del PKK

Javier Triana

Manifestación en la ciudad kurda de Diyarbakir.

Manifestación en la ciudad kurda de Diyarbakir. / AP / BURHAN OZBILICI

Violaciones de derechos humanos en cascada y denegación de acceso para una investigación independiente sobre el terreno. La ONU ha publicado un demoledor informe en el que señala las barbaridades sucedidas en el sudeste de Turquía, zona de preponderancia kurda, en su gran mayoría cometidas por las fuerzas armadas turcas entre julio del 2015 y diciembre del 2016.

Desde que la tregua entre el grupo armado del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK, por su acrónimo turco) y Ankara saltó por los aires a principios de julio del 2015, Naciones Unidas estima que unas 2.000 personas han perdido la vida en el conflicto. De ellas, “cerca de 800 miembros de las fuerzas de seguridad y unos 1.200 residentes locales, de los que un número indeterminado podría haber estado involucrado en acciones violentas y no violentas contra el Estado”.

MATANZAS Y DESPARICIONES FORZOSAS

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (OHCHR, en sus siglas en inglés) ha documentado “numerosos casos de uso excesivo de fuerza. Matanzas, desapariciones forzosas, destrucción de viviendas y patrimonio cultural, incitación al odio, impedimento del acceso a tratamiento médico de urgencia, agua, comida y sustento, violencia contra las mujeres y graves violaciones del derecho de la libertad de opinión y expresión, así como de la participación política”.

La mayoría de estos casos sucedieron durante los periodos de prolongados toques de queda, que podían llegar a durar semanas. Uno de los más sonados fue el de la localidad de Cizre, en la frontera con Siria, donde 189 personas –muchos de ellos desplazados, según la ONU– estuvieron atrapadas varias semanas sin apenas víveres entre finales de enero y principios de febrero del 2016 en sótanos para huir de las bombas, pero fueron atacadas por los militares. En ese momento, la campaña 'Ambulancia a Cizre' tomó las redes sociales, pero el Ejército no permitió el acceso de asistencia médica.

ACUSACIONES A LAS VÍCTIMAS

“La demolición de los edificios destruyó las pruebas y ha impedido la identificación de los restos. Además, en vez de abrir una investigación sobre el supuesto uso excesivo de fuerza, el recurso a armamento pesado y las muertes resultantes, las autoridades locales –denuncia la OHCHR– acusaron a los muertos de participar en organizaciones terroristas y tomaron medidas represivas contra sus familiares”.

El hermano de una de las víctimas dio el siguiente testimonio a los investigadores: “El 25 de febrero (del 2016), mi familia fue convocada por el fiscal. Nos dieron tres trozos chamuscados de lo que aseguraban que era el cuerpo de mi amada hermana”. Cuando una de sus hermanas buscó responsabilidades y trató de abrir un proceso legal sobre el suceso, fue acusada de cargos terroristas.

CERCA DE MEDIO MILLÓN DE DESPLAZADOS

Las autoridades turcas no permitieron el acceso a los investigadores de la ONU. A cambio, les proporcionaron informes sobre las actividades del PKK, que “llevó a cabo numerosos ataques violentos que causaron muertos y heridos entre las fuerzas de seguridad turcas y otros individuos”, así como cometieron “secuestros, incluidos de niños, cavaron trincheras en pueblos y ciudades e impidieron la asistencia médica”.

El número de desplazados por este rebrote del conflicto (que desde los años 80 se ha cobrado unas 40.000 vidas en Turquía) se estima entre 355.000 y 500.000 personas. Además, varias imágenes por satélite del antes y el después de las operaciones militares muestran la devastación de varias localidades.

Preguntada por este diario sobre el informe, una fuente de la Presidencia de Turquía no se ha pronunciado. Tampoco el presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, quien este viernes ha viajado a Moscú, se ha pronunciado públicamente. Sí lo ha hecho el Ministerio de Exteriores, con un comunicado en el que tacha el informe de "sesgado, basado en informaciones falsas y poco profesional"