Bielorrusia modifica la ley contra la vagancia tras la presión popular

El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, ha anunciado el jueves su decisión de modificar la ley contra la vagancia, que impone multas a los que no trabajan, ante las multitudinarias manifestaciones de protesta que se han llevado a cabo contra esa norma.

Lukashenko prometió durante una reunión del Gobierno que el Estado no exigirá en 2017 el pago de la penalización a aquellos incluidos en la lista de personas sin ocupación, que ronda el medio millón, según medios locales. No obstante, se negó a satisfacer la demanda de revocar la ley, heredada de los tiempos soviéticos, con el argumento de que se trata de un "decreto ideológico y moral".

"El Estado no recibirá una gran cantidad de dinero por ello. El objetivo del decreto es uno: hacer trabajar a la gente que debe y puede hacerlo. Eso es lo importante", subrayó el presidente.

El mandatario criticó a los funcionarios por ser incapaces de identificar a los "ociosos" que no aportan nada al Estado y prometió devolver el dinero a aquellos que encuentren un trabajo en 2017.

Además, cifró en unos centenares los manifestantes, pero desde principios de año la capital bielorrusa, Minsk, y algunas de las principales ciudades del país (Gomel, Vitebsk y Brest) han sido escenario de las mayores protestas antigubernamentales desde las manifestaciones contra el fraude electoral de 2010.

SUELDO INSIGNIFICANTE

Muchos de los afectados por esa controvertida ley son personas con empleo que únicamente acuden a su puesto de trabajo una o dos veces a la semana debido a la crisis económica y reciben un sueldo insignificante.

Muchos bielorrusos se resisten a apuntarse a las listas del paro, ya que el subsidio por desempleo es de 10 dólares y eso obliga, además, a realizar trabajos sociales gratuitos.

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Según la ley, aquellos que trabajen menos de 183 días al año deben pagar un impuesto de 360 rublos (185 dólares) por 2015 y 420 rublos por 2016 (215 dólares), una suma considerable para un bielorruso. Solo unos 54.000 afectados han pagado dichas multas, un 10 % del total, lo que ha significado una recaudación de más de 8,5 millones de dólares en 2016.

La economía bielorrusa, considerada la última planificada de Europa, se encuentra en crisis desde que Rusia dejó de subsidiar hace varios años las importaciones de gas e impuso restricciones al comercio bilateral en el marco del embargo a los productos perecederos occidentales.