30 oct 2020

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nuevos tiempos en la casa blanca

Trump firma otro veto a musulmanes retocado para tratar de evitar problemas legales

Retira la prohibición de dar visados a iraquís pero la mantiene para los ciudadanos de los otros seis países

Organizaciones de libertades civiles denuncian que la nueva orden ejecutiva mantiene "errores fatales"

Idoya Noain

Donald Trump.

Donald Trump. / IVAN SEKRETAREV / AP

Empieza el segundo asalto de Donald Trump en su cruzada contra la inmigración de musulmanes a Estados Unidos, barnizado con la pátina de la seguridad nacional y la protección del país frente al terrorismo. 39 días después de firmar la polémica orden ejecutiva que suspendió el programa de refugiados y la concesión de visados en siete países de mayoría musulmana y que frenaron los tribunales, el presidente de Estados Unidos ha firmado este lunes una nueva, que anula la original y entrará en vigor el 16 de marzo. Aunque este veto 2.0 tiene cambios, mantiene la filosofía del original, y eso ha hecho que se repitan las mismas críticas de especialistas en libertades civiles que ya denunciaron la primera.

Entre los cambios destacados está la exclusión de Irak de la lista de países cuyos ciudadanos no podrán conseguir visados en al menos 90 días, lista en la que sí se mantiene a Siria, Irán, Libia, Yemen, Somalia y Sudán. Esa excepción, pactada tras un mes de negociaciones, se justifica por factores como la cooperación en la lucha contra el Estado Islámico, la presencia de tropas estadounidenses en Irak y el compromiso de Bagdad de reforzar el proceso de escrutinio de los ciudadanos que quieren emigrar.

PROGRAMA DE REFUGIADOS

La nueva orden también ha acabado con una distinción que se hacia con los sirios que aspiraban a entrar en EEUU como refugiados. Deja en suspenso 120 días todo el programa de refugiados, pero ya no lo suspende indefinidamente para Siria. El número total de refugiados que EEUU aceptará en el año fiscal 2017 se establece en un máximo de 50.000 (en vez de los 110.000 que había marcado Obama), pero hay dudas sobre la legalidad de que Trump altere la cifra sin consultar al Congreso.

La orden también aclara que no se verán afectados quienes tengan estatus de residentes legales permanentes (la llamada 'green card', tarjeta verde), los ciudadanos de los seis países afectados que tengan doble nacionalidad ni quienes tengan visados en regla emitidos antes del 27 de enero (la fecha en que se promulgó la primera norma). La duda sobre si aquella orden original afectaba a estos grupos fue una de las que motivaron mayor confusión y afectó negativamente a más de 60.000 inmigrantes con documentación legal.

Esa matización es parte de una reescritura claramente destinada a responder a las cuestiones legales que condenaron la primera orden ejecutiva pero está lejos de garantizar que no se produzcan nuevas demandas. Y se pueden esperar de grupos como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), una de las organizaciones que llevaron la directiva de Trump a los tribunales y que este lunes ha lanzado el mensaje de que “el prejuicio reescrito sigue siendo prejuicio”. “La Administración de Trump ha asumido que su veto a musulmanes original era indefendible”, ha explicado en un comunicado Omar Jadwat, responsable de un proyecto de inmigración de la ACLU. “Desafortunadamente, lo ha reemplazado con una versión reducida que comparte los mismos errores fatales”.

DE LA FANFARRIA AL SILENCIO

No solo los contenidos se han alterado, sino que ha cambiado también radicalmente su presentación. El 27 de enero Trump firmó la orden ejecutiva original con gran fanfarria, ante las cámaras y los periodistas, presumiendo de estar cumpliendo una de sus promesas de campaña y proclamando frases como “no los queremos aquí”. Este lunes, tras cuatro días aciagos en términos de relaciones públicas por el 'Rusiagate'no ha dejado a la prensa presenciar la firma (de la que solo hay constancia por una foto oficial tuiteada por su portavoz).


Y mientras que en enero defendió en Twitter la entrada en vigor inmediata de su primera orden (pese al caos que esa implementación acelerada provocó) y alegó que si la hubiera anunciado con antelación “los malos” habrían aprovechado para “entrar corriendo” en el país, este lunes ha firmado una orden que no entra en vigor hasta dentro de 10 días.


Alejado personalmente de las cámaras, Trump ha enviado a los secretarios de Estado (Rex Tillerson), Justicia (Jeff Sessions) y Seguridad Nacional (John Kelly) a explicar los detalles de la nueva orden, aunque tras hacerlo no han contestado a preguntas de la prensa. Y en esa presentación Tillerson ha pedido a los aliados de EEUU que entiendan que la orden trata de “eliminar vulnerabilidades” en el proceso de inmigración que podrían explotar “terroristas islamistas radicales” (no “islámicos”, el término que emplea Trump).

Sessions, el fiscal general, ha argumentado en esa comparecencia la necesidad de la orden asegurando que el FBI investiga a 300 refugiados por acciones vinculadas al terrorismo, pero el uso de ese dato es polémico. La propia Administración de Trump se niega a detallar cuántos de esos 300 refugiados provienen de los seis países afectados por el veto a los visados, y tampoco aclara cuántas de esas investigaciones han acabado en imputaciones o condenas.

No es el único elemento que apunta a una demonización de los musulmanes. La nueva orden ejecutiva incluye instrucciones de publicar cada seis meses listas con información sobre acusaciones o condenas de extranjeros por actividades vinculadas al terrorismo, así como datos sobre crímenes de violencia machista, entre los que se destacan en concreto los llamados “asesinatos de honor”. Es una criminalización similar a la de los hispanos que se ha creado al establecer una oficina que recogerá estadísticas sobre crímenes cometidos por inmigrantes sin papeles.