DEMANDA DE TRES INMIGRANTES

La justicia europea se desentiende del acuerdo migratorio entre la Unión Europea y Turquía

El Tribunal General dice que no tiene competencias para resolver el caso porque es un acuerdo de los estados miembros

Un migrante afgano salta de una sobresaturada patera al alcanzar la playa en Lesbos (Grecia), el 19 de octubre del 2015.

Un migrante afgano salta de una sobresaturada patera al alcanzar la playa en Lesbos (Grecia), el 19 de octubre del 2015. / REUTERS / YANNIS BEHRAKIS

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Silvia Martinez
Silvia Martinez

Periodista

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Dos inmigrantes paquistanís y uno afgano cruzaron el año pasado los pocos kilómetros que separan Turquía de Grecia. Solicitaron asilo en territorio griego argumentando que corrían el riesgo de ser perseguidos en caso de ser devueltos a sus respectivos países de origen. Dado que el pacto entre la UE y el Gobierno de Ankara -cerrado el 18 de marzo del 2016- abría la puerta a esa posibilidad, decidieron denunciar el acuerdo ante el tribunal europeo. La justicia de la UE ha optado este martes por desentenderse de su reclamación argumentando que no tiene competencias para resolver el caso.

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El Tribunal General considera que las pruebas aportadas por el Consejo Europeo en torno a las reuniones mantenidas en el 2015 y el 2016 entre los jefes de Estado o de Gobierno de los estados miembros y su homólogo turco en relación a la crisis migratoria “demuestran que no es la Unión sino los estados miembros” quienes se encargaron de las negociaciones con Turquía. Es decir, que “ni el Consejo Europeo ni ninguna otra institución de la Unión” adoptaron el polémico y criticado pacto migratorio y que, por tanto, no tiene “competencia” para responder a los recursos presentados por los tres solicitantes de asilo.

Es más, según los jueces, aunque el pacto fuera un acuerdo internacional -algo que niegan Comisión y Consejo Europeo-, “dicho acuerdo habría sido alcanzado por los jefes de Estado o de Gobierno de los estados miembros y el primer ministro turco” y el Tribunal General tampoco es “competente para evaluar la legalidad de los acuerdos internacionales suscritos por los estados miembros”.