El Gobierno rumano retira el decreto que despenalizaba algunos supuestos de corrupción

Miles de personas han salido a las calles durante varios días seguidos para protestar

Miles de personas han salido a las calles para protestar contra el decreto que despenaliza la corrupción.

Miles de personas han salido a las calles para protestar contra el decreto que despenaliza la corrupción. / periodico

MONTSE MARTÍNEZ / BARCELONA

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El Gobierno rumano no ha podido sostener la presión de miles de personas en las calles durante varios días consecutivos y ha anunciado que retira el decreto que despenaliza suspuestos de corrupción, como no considerarlos delito si son inferiores a 44.000 euros.

El primer ministro rumano, Sorin Grindeanu, ha hecho el anuncio con más de 140.000 personas en las calles el sábado cargando contra el Gobierno. "Hemos tenido una reunión extraordinaria y retiramos el decreto, lo cancelamos", ha dicho en una intervención televisada. Tanto la ciudadanía como la oposición política celebran esta victoria de sus reivindicaciones.

La aprobación del decreto vino por la vía urgente el martes, por sorpresa, para evitar así su paso por el Parlamento. El escándalo fue de tal envergadura que uno de los ministros, el titular de Comercio y Empresa, Florin Jianu, anunció  su dimisión por "ética". "Para poder mirar a los ojos a mi hijo en el futuro", apostilla, para añadir: "La dimisión no se debe a mi falta de honestidad profesional porque mi conciencia está muy tranquila en este sentido pero lo hago por mi hijo".

El peregrino argumento esgrimido por el Gobierno para aprobar el decreto es el de desmasificar las prisiones rumanas porque supondría  evitar el encarcelamiento de decenas de personas implicadas en casos de corrupción. Pero a nadie se le escapa que el líder del gubernamental Partido Socialdemócrata (PSD), Liviu Dragnea, imputado en un caso de abuso de poder y corrupción por cantidades cercanas a los 24.000 eruos, quedaría libre de acusaciones de prosperar el decreto. La acusación le apartó del puesto de primer ministro.

La Comisión Europea, con el presidente Jean-Claude Juncker a la cabeza, había mostrado su preocupación por el contenido del decreto y la deriva de la gestión del Gobierno rumano.