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ISLA AHOGADA POR LA DEUDA

EEUU da el pimer paso para enviar a sus 'hombres de negro' a Puerto Rico

El Congreso tramita una ley para imponer una junta de control fiscal que gestionará la economía isleña

El mecanismo abriría la puerta para que se restructure parte de la deuda

Ricardo Mir de Francia

Ciudadanos puertorriqueños durante la jornada electoral del 5 de junio del 2016.

Ciudadanos puertorriqueños durante la jornada electoral del 5 de junio del 2016. / EFE / THAIS LLORCA

En Estados Unidos se ha vendido como una válvula de escape para ayudar a Puerto Rico a salir de la situación de quiebra técnica que mantiene asfixiada a su economía y le impide pagar la deuda. En la isla se interpreta, en cambio, como un golpe a su soberanía, la imposición de un régimen elegido a dedo por los burócratas de Washington que gestionará sus finanzas durante los próximos cuatro años.

Con una amplia mayoría, la cámara baja del Congreso de EE UU ha aprobado un proyecto de ley para imponer una junta de control fiscal en Puerto Rico, un gobierno en la sombra elegido en Washington que dictará la política económica del territorio libre asociado y tendrá incluso potestad para cambiar sus leyes. La creación de la junta, que tendrá que ser reafirmada por el Senado para que se convierta en una realidad, abre la puerta a que se pueda restructurar la deuda de 72.000 millones de dólares que la isla es incapaz de pagar, pero lleva asociada un peaje oneroso. Sus siete tecnócratas tendrán más poder en los asuntos económicos que el Gobierno elegido democráticamente por los puertorriqueños. Es la versión gringa y con esteroides de los ‘hombres de negro’ que impusieron su dictamen en Grecia o Portugal.

“Es muy humillante”, asegura la secretaria de Salud de Puerto Rico, Ana Rius, durante una entrevista en su despacho. “Esto es como una dictadura. Pierdes toda la capacidad como país democrático, de regirte por el estado de derecho que tu Gobierno te ofrece”. Su Ejecutivo buscaba una fórmula en Washington para renegociar la deuda y estaba dispuesto a aceptar organismo supervisor nombrado por el Congreso. Pero se ha encontrado con mucho más de lo que buscaba, en parte, por la presión de los acreedores, que han hecho una intensísima campaña de lobi en los últimos meses.

No hay un plan B, les dijo el presidente Barack Obama a varios congresistas esta semana. “Es esto o nada”, según contaron estos más tarde. El desenlace de las negociaciones ha generado rechazo y estupor entre los partidos puertorriqueños. Ninguno lo apoya. Ni el centrista y gobernante Partido Popular Democrático. Ni el derechista Partido Nuevo Progresista, la principal formación opositora. Ni los socialdemócratas del minoritario Partido Independentista Puertoriqueño.

Desde Washington, el acuerdo se considera un éxito. Aunque algunos lo consideren imperfecto, es una de las pocas medidas adoptadas con consenso bipartidista durante la última legislatura. “Los puertorriqueños son americanos como nosotros. Pagan nuestros impuestos y luchan en nuestras guerras. No podemos dejar que esto suceda”, les dijo el republicano y presidente de la Cámara de Representante, Paul Ryan, a sus colegas para que apoyaran el proyecto de ley. La junta de control fiscal negociará con los acreedores y los tribunales para restructurar parte de la deuda. El plan no es un rescate. Al contribuyente estadounidense no le costará un centavo.

Puerto Rico no es inocente en todo esto. Sus gobiernos llevan más de una década emitiendo deuda de forma masiva para financiar los desfases presupuestarios derivados de la mala gestión y la incapacidad de la economía isleña para crecer. Desde el 2006 está en recesión, lo que ha provocado la mayor oleada inmigratoria a EE UU desde los años cincuenta del siglo pasado. La metrópolis se lo puso fácil al eximir a los títulos de deuda puertorriqueños de los impuestos federales, estatales y locales que se pagan en EE UU.

Esas condiciones hicieron de ella un producto enormemente atractivo. No solo compraran los fondos de pensiones y de inversión, sino también los llamados fondos buitres (hedge funds o de alto riesgo) que la engulleron precio de saldo y han liderado la campaña para impedir cualquie gesto de benevolencia del Congreso. Según diversas estimaciones, los fondos buitre tendrían como mínimo el 20% de la deuda puertorriqueña.

La isla, con sus 3.5 millones de habitantes, tiene un estatus político complejo. No es ni un país independiente ni un estado de EE UU. Es un estado libre asociado, teóricamete con soberanía sobre la mayoría de sus asuntos, aunque no es eso lo que determinó ayer el Tribunal Supremo. En una sentencia que dejará huella aseguró que su soberanía última reside en el Congreso y los tribunales federales, lo que algunos han descrito como un reconocimiento implicito de un estatus colonial. El esratus actual de Puerto Rico le impide recurrir a la ley de quiebras para restructurar su deuda, disponible en cambio para los municipios y estados estadounidenses de pleno derecho.

A menos que el Senado tumbe la ley, una posibilidad poco probable, a la isla le esperan tiempos muy difíciles. “La junta de control fiscal es una agencia de cobro para los acreedores”, asegura el economista José Villamil, expresidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. “Esa es su función principal y tendrá implicaciones terribles para Puerto Rico porque impondrá programas de austeridad muy duros”. Aunque se han hecho recortes sociales, el Gobierno isleño había priorizado hasta ahora los servicios a la población sobre el pago a los acreedores.