El calvario de las militares violadas en el Ejército de EEUU

Primero, la violaron; después la expulsaron del Ejército como represalia por denunciar su caso; y, entre medio, la obligaron a vivir marcada, con un estigma en la hoja de servicios que le cierra las puertas del empleo, la sanidad o el acceso al crédito. Se llama Juliet Simmons, pero la suya es en esencia una historia que comparten miles de exmilitares del Ejército de Estados Unidos, donde los abusos sexuales están a la orden del día, casi tanto como la impunidad con la que se protege a los responsables de los crímenes. La mayoría de las víctimas son mujeres, pero también hay hombres.

A Simmons la drogaron y la violaron en el 2007 mientras estaba de servicio en un barracón de la Fuerza Aérea. La uniformada denunció lo sucedido por los cauces apropiados y, aunque su sargento no la creyó, continuó en su puesto y sacó nota en las sucesivas evaluaciones de su trabajo hasta que un día le dieron cita con un psicólogo para que examinara su salud mental. El psicólogo le informó de que iba a ser licenciada por un “desorden de personalidad no especificado”, un eufemismo para colgarle el cartel de enferma mental. Simmons recurrió su expulsión. Presentó cartas de casi una treintena de oficiales y compañeros que apoyaban su continuidad en el Ejército. No funcionó. Seis días después había terminado su carrera castrense, según recoge Human Rights Watch (HRW) en su último informe sobre las dificultades que enfrentan los militares expulsados del Ejército después de que denunciaran una violación.

INCOMPRENSIÓN A LAS VÍCTIMAS

“¿Por qué me deberían licenciar si fui violada? Hice lo que supuestamente tenía que hacer. Si no hubiera denunciado, estoy segura de que seguiría en la Fuerza Aérea”, le dijo Simmons a la organización de derechos humanos en una de las 270 entrevistas que realizó para elaborar su investigación, que se apoya también en documentos y datos oficiales. El informe constata la escasa comprensión que existe en los cuarteles hacia aquellos que denuncian agresiones sexuales y analiza las dificultades que enfrentan tras ser expulsados como represalia con un “mal licenciamiento” en su expediente.

“A aquellos que denuncian se les trata a menudo como alborotadores. Se apoya al agresor en lugar de a la víctima y los jefes los ven como una fuente de problemas”, explica en una entrevista telefónica, Sara Darehshori, la autora del informe. “Muchos acaban abandonando el servicio. Algunos lo hacen de forma voluntaria, pero una parte muy significativa lo hace en contra de su voluntad”. La escándalos de abusos sexuales en el Ejército no son nuevos. En los últimos años la prensa estadounidense los ha cubierto extensamente y han ido saliendo a la luz tanto las dimensiones del problema como la falta de justicia que enfrentan las víctimas. Un estudio confidencial del Pentágono concluyó que unos 26.000 militares fueron violados o sufrieron abusos en 2012. Solo 3.374 denunciaron los hechos.

“Para las víctimas es un ambiente tóxico porque quienes abusan de ellas y las aíslan no son castigadas de forma consistente, de modo que persisten los mismos comportamientos”, dice Darehshori. Un año después de que trascendiera el informe del Pentágono, aumentó en un 50% el número de denuncias, pero de las 5.061 que se presentaron, solo 484 acabaron en los tribunales y 376 en condena. El debate público ha obligado al Ejército a poner en marcha diversas reformas en los últimos años pero, según estudios oficiales, los nuevos procedimientos para proteger a las víctimas no se aplican en más de la mitad de los casos. Y tampoco han acabado con la práctica común de empañar sus hojas de servicios  antes de apartarlas de la carrera militar.

VÍCTIMAS DENIGRADAS

Esas bajas por “mala conducta”, “comportamiento deshonroso” o “desorden de personalidad”, la etiqueta que se utilizó para expulsar en su día a Juliet Simmons, son manchas que quedarán para siempre en sus hoja de servicios. Y tienen severas consecuencias prácticas porque, en función del tipo de licenciamiento que reciban, quedan total o parcialmente excluidos de los beneficios que el Estado otorga a los veteranos. “Estos papeles son importantísimos en la vida de los veteranos. Los tienen que mostrar para acceder a la sanidad, a un crédito bancario, para obtener ayudas en educación o tener preferencia en el empleo”, dice Darehshori.

La investigadora de HRW cuenta la historia de una soldado que, tras sufrir dos violaciones y arrastrar un cuadro de estrés postraumático, fue expulsada por beber mientras estaba de servicio. Días después de regresar a su casa murió por beber alcohol envenenado. “Tenía 19 ó 20 años”. Su padre quiso entonces enterrarla en cementerio militar, pero no pudo porque había sido licenciada con un comportamiento “menos que honorable”.