Cien días de 100 días de equilibrios en Portugal

El primer ministro António Costa ha tenido que dar la vuelta a las políticas de austeridad atrapado entre Bruselas y los partidos de izquierdas

El Ejecutivo ha subido el salario mínimo y el sueldo a los funcionarios mientras la subida de las pensiones tiene carácter simbólico

El primer ministro socialista portugués Antonio Costa.

El primer ministro socialista portugués Antonio Costa. / REUTERS / RAFAEL MARCHANTE

3
Se lee en minutos
HELENA PONCINI / LISBOA

Si hay una palabra que define la labor de António Costa al frente del Gobierno portugués durante sus primeros cien días es la de acróbata. Líder de un Ejecutivo que desde sus inicios suscitó más incertidumbre que confianza, el secretario general de los socialistas intenta mantener el equilibrio entre la promesa de acabar con el yugo de la austeridad y el cumplimiento de las exigencias europeas.

El pacto entre socialistas y los demás partidos de izquierda firmado a principios de noviembre es completamente inédito en Portugal. Primero permitió acabar con el fugaz gobierno de centroderecha encabezado Pedro Passos Coelho -vencedor de las últimas elecciones- para inmediatamente después promover el ascenso de Costa al poder.

Pese a las grandes diferencias entre las formaciones sobre asuntos como la pertenencia a la OTAN, el euro o los compromisos adquiridos con Bruselas, socialistas, comunistas y marxistas suscribieron un acuerdo antiausteridad como pilar central del programa de gobierno. Un intento de ruptura con el Ejecutivo anterior que ha dado sus primeros frutos, pero que al mismo tiempo se encuentra bajo presión para mantener a raya el déficit fijado por Bruselas.

CAMBIOS SÍ, AUNQUE CON RESERVAS

Luz verde a la adopción por parejas homosexuales

Por el momento, el objetivo de revertir parte de los recortes aplicados durante los últimos cuatro años se ha puesto en marcha de forma gradual. Aprobadas en su gran mayoría durante el primer mes de la legislatura, las principales medidas se han destinado a reducir los impuestos directos, restablecer las condiciones salariales y laborales en el sector público y aumentar el apoyo social a familias y pensionistas.

Una de las más visibles y con mayor alcance ha sido la subida del salario mínimo en un 5%, situándose en los 618 euros mensuales. Aún así, esta cifra sigue estando por debajo de la de países como España y Grecia.

La restitución de la remuneración de los funcionarios públicos fue otra de las prioridades. El Ejecutivo aprobó la reposición de sus sueldo de manera escalonada hasta finales de año, cuando alcanzará de nuevo el valor previo a los recortes.

Con una de las mayores cargas fiscales de la zona euro, el impuesto sobre la renta también se ha visto aliviado -ligeramente- con la reducción de una contribución extra que estaba fijada hasta ahora en el 3,5%, y que pasará a ser progresiva en función de los rendimientos.

En algunos casos, los cambios han sido más simbólicos que reales, como ocurre con la subida de las pensiones. Su actualización para aquellos que reciban menos de 628 euros mensuales solo supone un aumento de dos euros.

UMBRAL DE LA POBREZA

Además, sobre la mesa se encuentran ya la reducción del IVA en la restauración –en la actualidad situado en un 23%- y la aprobación de una prestación social para trabajadores con sueldos que rozan el umbral de la pobreza.

Todo ello ha supuesto un incremento del gasto público en sintonía con el acuerdo de izquierda, pero que ha generado desconfianza en una Europa que ejerció toda su presión sobre Costa.

Tras "tumbar" su primer borrador, Bruselas acabó dando luz verde a los Presupuestos del 2016 a cambio de que el documento incluyera "ajustes adicionales" por valor de unos 900 millones de euros. La subida de impuestos indirectos como los que gravan el combustible, el alcohol o el tabaco fue el mecanismo utilizado para conseguir, finalmente, su beneplácito.

Difícil fue contentar a todas las partes con los Presupuestos, pero la principal prueba de fuego del nuevo Gobierno la protagonizó la crisis en el Banco Internacional de Funchal (Banif). No se cumplía aún el primer mes de mandato cuando el líder socialista tuvo que hacer frente a las primeras desavenencias con sus aliados por causa de la liquidación del Banco Internacional de Funchal (Banif) y su posterior venta al Banco Santander.

IMPACTO EN LAS ARCAS

Noticias relacionadas

La decisión, adoptada por el recién estrenado Gobierno junto con el Banco de Portugal para evitar la quiebra de la entidad, supuso un impacto en las arcas del Estado superior a los 2.000 millones de euros. Una intervención calificada de "crimen" por el Partido Comunista y el Bloco de Esquerda y que exigió además la elaboración de un Presupuesto rectificativo.

De hecho, su aprobación en el Parlamento salió adelante gracias a la abstención del partido conservador PSD, ya que las fuerzas de izquierda se negaron a respaldar la solución ideada por el Ejecutivo socialista. Lo ocurrido puso a prueba la solidez del 'pacto a la portuguesa', y evidenció que sus miembros pueden tener objetivos comunes, pero también diferencias irreconciliables.