La ministra de Justicia francesa, víctima de la política antiterrorista de Hollande

Sobrevivió a tres remodelaciones, pero esta vez su salida del Gobierno presidido por Manuel Valls era sólo una cuestión de tiempo. La ministra de Justicia, Christiane Taubira, abiertamente contraria a una reforma constitucional que prevé retirar la nacionalidad francesa a los condenados por terrorismo, presentó este miércoles su dimisión alegando mantener un “gran desacuerdo político” con la línea gubernamental.

“He elegido ser fiel a mí misma, mis compromisos, mis combates y mi relación con los otros”, ha justificado la ministra dimisionaria. “El peligro terrorista es grave, imprevisible, pero hemos aprendido a perseguirlo y nos hemos dotado de medios para ello. Creo que no debemos concederle ninguna victoria, ni militar, ni diplomática, ni política, ni simbólica”, ha continuado Taubira.

Hacía así alusión al proyecto de ley que hubiera tenido que defender en el trámite parlamentario que se inició este miércoles en la comisión legislativa de la Asamblea Nacional. El primer ministro, Manuel Valls, presentó personalmente las líneas de la reforma, en la que finalmente no habrá ninguna referencia a la doble nacionalidad, ni a ningún otro condicionante, en la nueva legislación.

LOS EXPERTOS DUDAN DE SU EFICACIA

Este cambio, meramente semántico, no altera en nada la esencia de la reforma, pero el Gobierno lo esgrime para no estigmatizar a los que poseen doble pasaporte (en la mayoría de los casos franceses de origen magrebí), el principal reproche que le hace la izquierda.

Valls ha cedido a otra petición procedente de la derecha para que la retirada de la nacionalidad sea posible en caso de “delitos muy graves” y no sólo en el que atentan contra los intereses de la nación, como figuraba inicialmente en el proyecto presentado en Consejo de Ministros.

Francia también se comprometerá a ratificar la Convención de 1954 que prohíbe crear ciudadanos apátridas. En cualquier caso, los expertos en la lucha antiterrorista no ven la eficacia de la medida por ningún lado.

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Hollande anunció tres días después de los atentados de París su intención de reformar la Carta Magna de la V República para adecuarla a la situación actual de amenaza yihadista. Entre las medidas más polémicas de la revisión figura la constitucionalización del estado de emergencia que refuerza el poder de la policía y permite, entre otras cosas, registros administrativos sin orden judicial o arrestos domiciliarios.

El otro aspecto controvertido es la ampliación de los casos en los que se podrá retirar la nacionalidad francesa, una reivindicación tradicional de la extrema derecha para los condenados por terrorismo que pone los pelos de punta a la izquierda.

Taubira se mostró el pasado diciembre convencida de que el Gobierno no incluiría finalmente la retirada de la nacionalidad en la revisión constitucional, pero la desautorización de Valls poco después hizo presagiar que su presencia en el Ejecutivo no era sostenible. “Se trata de una cuestión de coherencia”, admitió este miércoles el portavoz del Ejecutivo, Stéphan Le Folll.

HOLLANDE SE ALEJA DE LA IZQUIERDA

Al desaparecer Taubira del Consejo de Ministros, y con ella el elemento más progresista del Ejecutivo, el presidente François Hollande amplía la brecha que le separa cada vez más de la izquierda y deja claro que la lucha contra el terrorismo será un pilar fundamental del resto del quinquenio. Al sustituirla en la Place Vendôme por Jean-Jacques Urvoas, amigo fiel de Valls, el malestar en las filas de la izquierda está garantizado.

El diputado socialista bretón de 55 años diplomado en derecho preside la comisión legislativa de la Asamblea Nacional desde el 2012 y está al frente de los principales proyectos en materia de seguridad de la legislatura.

Fue el encargado de elaborar el texto sobre la polémica reforma de los servicios secretos y luego el de la ley que prolonga el estado de emergencia decretado tras los atentados del 13-N, aunque hace días admitió que los principales objetivos ya se habían logrado.