09 jul 2020

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El giro político en Argentina

El Gobierno de Macri aumenta el precio de la luz en un 350%

El tarifazo acaba con 12 años de subsidios kirchneristas e irá seguido de nuevas subidas

El anuncio se suma a una devaluación del 40% de la moneda nacional y a una ola de despidos

Abel Gilbert

Macri, en un acto en Buenos Aires.

Macri, en un acto en Buenos Aires. / AP / VÍCTOR R. CAIVANO

En medio de flamígeras olas de calor y los efectos de la devaluación del 40% de la moneda, los argentinos saben que, desde ahora, el uso del aire acondicionado será para muchos otro de los lujos imperdonables. El Gobierno del presidente Mauricio Macri ha decidido terminar con los subsidios a las tarifas del servicio eléctrico y ha dipuesto un aumento de hasta el 350% del precio del consumo.

Dado el impacto de la medida, el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren se reserva para los próximos días el anuncio de la inminente suba de las tarifas del servicio del gas y la telefonía celular. El tarifazo, como lo han llamado los medios de prensa, fue explicado por las autoridades como una consecuencia del "desfase existente entre los costos reales y los precios vigentes”. A partir de febrero, el precio de la luz que pagan los argentinos será estacional. Eso, señaló el diario La Nación, “abre la puerta a nuevos aumentos en el futuro”.

 Durante la era kirchnerista (2003-2015) los precios se mantuvieron prácticamente sin variaciones.  Una familia que vive en un apartamento de dos ambientes suele gastar unos 15 euros bimestrales antes del verano, cuando el consumo explota. Al justificar los cambios, el Gobierno de Macri tiene en cuenta otro elemento distorsivo en un país donde los sectores de mayor poder adquisitivo pagaban casi lo mismo que los que menos ganan. En adelante, se tendrán en cuenta “las posibilidades de pago de los usuarios” y habrá una "tarifa social" para los hogares más necesitados.  Con estas medidas se busca “prevenir un impacto negativo en la economía” y afianza las condiciones propicias para la incorporación de inversiones privadas".

El ingeniero Aranguren, que hasta el años pasado se desempeñaba como CEO de Shell Argentina, explicó días atrás que el tarifazo era inevitable. “Fue una década de desinversión y tenemos una generación de energía que está al límite”. Los argentinos deben entender las nuevas reglas de juego y modificar sus hábitos de consumo. “Debe haber cambios de conducta”.

Para enfrentar el calor estival, con temperaturas de 40 grados,  “tenemos que  mantener  los aires acondicionados a 24 grados” si no se quiere sentir el rigor tarifario, ha dicho Aranguren, que ha sugerido a la vez “desconectar los aparatos electrónicos cuando uno no está en el domicilio porque consumen un 10 % (del total utilizado)”.

ENDURECIMIENTO GENERAL

El tarifazo se conoce cuando se intensifica la ola de despidos en el sector público y a las puertas de las discusiones salariales entre sindicatos y empresarios. Macri regresó a Buenos Aires con el aplauso de los magnates de Davos, le pidió a los primeros que "pongan el hombro" (apoyen) y no se excedan en sus peticiones. Los sindicatos piden mejoras de un 30%. Los efectos del drástico giro que le ha impreso el macrismo a la política se sienten más allá de los bolsillos.

El arresto de una conocida dirigente social, Milagro Sala, a la que se acusa de extorsionar a las autoridades, la autorización judicial a la policía a pedir documentos en la calle a los ciudadanos y el decreto que  declara el estado de emergencia en seguridad, son otras de las señales inequívocas del cambio.

Intelectuales, investigadores y dirigentes políticos alertaron sobre los peligros de un decreto presidencial que autoriza derribar aviones y abre las puertas a la participación de los militares en la lucha contra el narcotráfico y otras "asociaciones ilícitas", lo que puede ser un modo de definir  la protesta social.

Indignación de las víctimas de la dictadura

Palabras antes heréticas se dicen por estos días con desparpajo en Argentina. El secretario de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, Darío Lopérfido, aseguró que la cifra de desaparecidos durante la última dictadura (1976-83) -que los organismos de derechos humanos estiman en 30.000 y que, para el Estado, son 10.000- ha sido en rigor  un ardid que solo ha servido a los familiares de las víctimas para "obtener subsidios".

 Las declaraciones provocaron indignación. "Le pediría que se informe. Soy un superviviente de la época de la dictadura”, le sugirió el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. "Si esta es su la cultura, nos lleva a un pozo, a una oscuridad total", dijo Estela Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo. Lo que se busca, advirtió, es restarle legitimidad al movimiento de derechos humanos.