Obama, en la picota por las deportaciones de familias centroamericanas

La misma semana en que han dado la vuelta al mundo las lágrimas que Barack Obama derramaba por los niños muertos por violencia de armas de fuego en Estados Unidos, una ola de terror se ha extendido mucho más discretamente en muchas comunidades de inmigrantes dentro del país, temerosas de volver a encontrar esa misma violencia, no ya en EEUU, sino en los países de los que huyeron y a los que ahora están siendo deportados.

En una polémica acción denunciada inmediatamente por activistas que trabajan con inmigrantes y por muchos miembros del propio Partido Demócrata de Obama, el Departamento de Seguridad Interior empezó el fin de semana pasado a activar las deportaciones de familias centroamericanas que, en el verano del 2014, llegaron de forma masiva desde El Salvador, Honduras y Guatemala. La mayoría de los deportados o bien han incumplido sus comparecencias ante los tribunales que estudian sus casos o son familias a las que se ha negado el asilo.

La campaña está usando polémicas redadas, una herramienta que no se empleaba en EEUU desde que en el 2007 lo hizo la Administración de George Bush en una controvertida operación bautizada ‘Devolver al remitente’. Y esas redadas en hogares han provocado las denuncias de grupos como America’s Voice. “La táctica en sí misma, con equipos de agentes de Inmigración y Fronteras apareciendo sin anunciarse en la casa de alguien, usando el engaño para entrar, despertando a los niños y llevándose tanto a los pequeños como a sus padres es repugnante”, ha dicho Frank Sharry, director ejecutivo de la organización. “Cuando esto pasó bajo la presidencia de Bush, el entonces candidato Obama lo denunció. Es escandaloso que esté pasando ahora bajo su presidencia”.

LO LEGAL Y LO MORAL

La acción de la Administración parece tener como uno de sus objetivos desincentivar un nuevo influjo masivo de inmigrantes centroamericanos que, ante el recrudecimiento de la violencia en sus países de origen y en un éxodo que apunta a repetir la crisis del verano del 2014, han vuelto a incrementar sus llegadas (se doblaron en invierno del 2015 respecto al año anterior). Y aunque las deportaciones cumplen con las leyes y en el primer fin de semana afectaron solo a 121 familias, ha incendiado de nuevo el debate sobre lo legal y lo moral, lo jurídico y lo humanitario.

El secretario de Seguridad Interior, Jen Johnson, aseguró en un comunicado que las deportaciones “no deberían sorprender a nadie” y recordó que lleva meses anunciando que “serán deportados individuos que constituyen una prioridad (en la aplicación de las leyes de inmigración), incluyendo familias y menores no acompañados”. También Josh Earnest, el portavoz de la Casa Blanca, defendió el viernes que “no van a cambiar la estrategia de aplicación (de la ley) y las prioridades que ha articulado la Administración”.

LOS HISPANOS

Ni uno ni otro han conseguido aplacar la oleada de rabia que se ha extendido entre los defensores de los inmigrantes y los demócratas y muchos observadores. El caucus hispano en el Congreso ha reaccionado con “indignación” y ha alzado con contundencia su voz contra su presidente. La californiana Linda Sánchez instó esta semana a “arreglar el fracturado sistema de asilo en vez de deportar a esta gente” y el número dos de los demócratas en la Cámara baja, Steny Hoyer, lamentó que redadas que “se diseñaron presumiblemente para enviar un mensaje a los centroamericanos, lo que están haciendo es enviar un mensaje aterrador a los que están ya en EEUU”.

Los activistas también critican a Obama por usar “un doble rasero” y desde la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, por ejemplo, Greg Chen denunció “la increíble desconexión entre el lenguaje del presidente sobre la protección de refugiados (de Siria) con su continuo tratamiento de población centroamericana”.

El viernes, en un editorial, ‘The New York Times’ usó adjetivos como “vergonzoso” y “abominable” para definir el nuevo impulso a las deportaciones y recordó unas palabras que pronunció el propio Obama: “Seguiremos centrando los recursos en amenazas a nuestra seguridad. Eso significa maleantes, no familias; criminales, no niños; miembros de bandas, no familias que están intentando poner comida en la mesa para sus hijos”.