Santos y las FARC se dan seis meses para alcanzar la paz definitiva

“A más tardar ese día –en exactamente seis meses– estaremos dando un adiós definitivo a la última y más larga guerra de Colombia, y no sólo de Colombia, sino de toda América”. Las palabras del presidente Juan Manuel Santos resumen la trascendencia de los acuerdos alcanzados con las FARC en La Habana para poner final a un conflicto de medio siglo, miles de víctimas fatales y millones de desplazados. Los diarios colombianos no dudaron en calificar de histórica la reunión en la capital cubana que ya tiene su fotografía simbólica: el momento en que Santos y Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko,  el jefe de las FARC, se dieron la mano, ambas sostenidas por Raúl Castro. “La paz en Colombia no solo es posible sino indispensable (…) Mucho se ha avanzado, aún quedan dificultades enormes que serán vencidas”, dijo el mandatario anfitrión.

El día clave es el 23 de marzo de 2016 y fue fijado en el calendario como fecha límite para cerrar las negociaciones. El paso audaz fue dado después de que las partes llegaran a un consenso en la manera en que se impartira justicia. Se pactó también que la guerrilla comenzará a dejar las armas a más tardar a los 60 días luego de la firma del Acuerdo Final. El documento conjunto consigna que la conversión de las FARC “en un movimiento político legal es un objetivo compartido, que contará con todo el apoyo del Gobierno en los términos que se acuerden”.

EL OBSTÁCULO MÁS DIFÍCIL

El Gobierno y la insurgencia han coincidido desde 2013 cuestiones como la agraria, la futura participación de las FARC en la vida política y el narcotráfico. Pero el problema de las víctimas y los modos de repararlas puso a prueba el proceso de paz. Santos lo definió como el asunto “más difícil y el más complejo de definir”. Pero el obstáculo pudo ser removido y se resolvió crear una “Jurisdicción Especial para la Paz” que respetará la institucionalidad, el derecho nacional e internacional. “Es una jurisdicción que busca, ante todo, la satisfacción de los derechos de las víctimas –en particular el derecho a la justicia–, pero también sus derechos a la verdad, a la reparación y a la no repetición”, señaló Santos. Para el presidente, “esta es la primera vez que un Gobierno y un grupo armado ilegal crean un sistema de rendición de cuentas ante un Tribunal nacional por la comisión de crímenes internacionales y otros delitos graves”. 

Timochenko, en tanto, remarcó que este esquema judicial se ha diseñado “para todos los involucrados en el conflicto y no solo para una de las partes”. En efecto, el tribunal juzgará y sancionará a los responsables de los delitos más graves y representativos, sean insurgentes o “agentes del Estado”.

ANMISTÍAS E INDULTOS

Existirá la prerrogativa institucional para otorgar amnistías o indultos para los delitos políticos y sus conexos. No habrá beneficios para los involucrados en crímenes de lesa humanidad, secuestros, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados, desapariciones, tortura, violencia sexual o el reclutamiento de menores. Las penas que se aplicarán oscilarán entre los cinco y ocho años para quienes reconozcan sus responsabilidades.

“Se logra el objetivo que nos hemos trazado desde un principio: una paz sin impunidad”, subrayó Santos. El mandatario recordó que el acuerdo deberá ser aprobado por la sociedad en una consulta. “Ustedes tienen última palabra”, le dijo a los colombianos, desde La Habana. Timochenko insistió que, en lo inmediato, se deben adelantar esfuerzos para el cese bilateral del fuego.

REPERCUSIONES POR LOS ACUERDOS

Como era de esperar, el ex mandatario Álvaro Uribe, ejecutor entre 2002 y 2010 de una intensa política contrainsurgente, criticó duramente el acuerdo de La Habana y acusó al actual Gobierno de aceptar “que delincuentes responsables de atrocidades no vayan a la cárcel a condición de confesar sus responsabilidades”. A su vez deploró que el Estado haya aceptado aplicar mecanismos de justicia similares a guerrilleros y las Fuerzas Armadas. Por su parte, César  Gaviria, que gobernó entre 1990 y 1994, calificó de “equilibrado” al acuerdo. A su criterio, “es muy claro” que serán castigados los delitos de guerra y lesa humanidad.