Sudáfrica retiene al presidente de Sudán, procesado por el TPI

Un tribunal sudafricano dictó ayer una orden prohibiendo al presidente de Sudán, Omar al Bashir, procesado por el Tribunal Penal Internacional (TPI), abandonar el país. Bashir había viajado el sábado a Sudáfrica para participar en la cumbre de la Unión Africana (UA) que se celebra en Johannesburgo.

El juez Hans Fabricius decretó la medida en respuesta a una petición urgente del Centro para la Litigación de África Medirional (SALC), que quiere forzar la detención del mandatario sudanés reclamado por el TPI.

La visita de Bashir ha puesto en un aprieto diplomático a Sudáfrica. Horas antes de que el tribunal emitiera la orden, el TPI reveló que el pasado 28 de mayo ya recordó a la República de Sudáfrica «su obligación legal», en tanto que país miembro del Tratado de Roma (que creó el tribunal internacional) «de arrestar a Bashir y entregarlo al TPI si entra en su territorio». El TPI reiteró ayer en público la petición a las autoridades de Pretoria de que detengan al presidente sudanés.

SEIS AÑOS DE DESAFÍO

Bashir lleva desafiando al TPI desde el 2009, cuando el tribunal internacional, con sede en La Haya, le procesó por crímenes de guerra y contra la humanidad a raíz del conflicto de Darfur, que causó 300.000 muertos y dos millones de desplazados. Poco después, en el 2010, el TPI añadió al acta de acusación de Bashir el cargo de genocidio.

Desde su procesamiento por el tribunal de La Haya, Bashir ha reducido, sin embargo, sus desplazamientos al extranjero, casi limitándolos a países que no han suscrito el Tratado de Roma. Pero también viajó a al menos cuatro países que sí lo han suscrito: la República Democrática del Congo, Nigeria, Malawi y Djibuti. En ninguna de estas ocasiones fue importunado para nada. Poco antes de su reelección como presidente de Sudán el pasado abril (con más del 94% de los votos), viajó también a Arabia Saudí y Egipto, países no signatarios del Tratado de Roma.

El destino inmediato de Bashir se presentaba ayer incierto. El Congreso Nacional Africano, la formación que dirige el presidente sudafricano, Jacob Zuma, arremetió contra la orden del juez Fabricius y afirmó que el TPI «ya no es útil para el objetivo para el que fue creado». Muchos países de África acusan al TPI de ejercer una justicia selectiva y solo imputar a africanos.

El Gobierno sudafricano cuestiona que tenga obligación de arrestar a Bashir. Según se supo ayer, el embajador de Sudáfrica en Holanda respondió el pasado viernes a la petición del TPI señalando que su país se encontraba ante «obligaciones contradictorias» y que la ley «carece de claridad», una tesis que el tribunal internacional rechaza. Al parecer, Sudáfrica garantizó la inmunidad a todos los participantes en la cumbre de la UA para lo cual el Gobierno de Pretoria aprobó incluso un decreto.

LA PRÓRROGA

Horas después de haber emitido la orden de impedir la salida de Bashir de Sudáfrica, el juez Fabricius la prorrogó hasta hoy lunes cuando se celebrará una vista judicial en Pretoria. Fabricius accedió a posponerla hasta esta mañana para dar tiempo al Gobierno a preparar la defensa de su posición. Mientras, la orden del magistrado obliga a las autoridades sudafricanas a tomar «todas las medidas necesarias» para impedir que Bashir abandone el país «hasta que este tribunal resuelva el caso».

Ayer no daba la impresión de que el mandatario sudanés tuviera ninguna intención de hacerlo. Bashir posó para la foto de familia de los líderes de la UA, en su primera aparición pública desde que llegó a Johannesburgo. Un portavoz de la presidencia sudanesa informó de que el dirigente había participado normalmente «en la sesión a puerta cerrada de la cumbre, participará en otras sesiones y su programa continuará tal como estaba previsto».

La oposición sudafricana y organizaciones de defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional exigieron también al Gobierno sudafricano que cumpla con sus obligaciones internacionales y ponga a Bashir a disposición del tribunal de La Haya.