El laberinto ucraniano

Más allá del simplista eslogan de «Rusia es culpable» que domina las declaraciones públicas de los dirigentes europeos y norteamericanos, la crisis de Ucrania esconde una oscura realidad que las instituciones y las cancillerías europeas prefieren soslayar, en especial el carácter de estado corrupto y prácticamente fallido de Ucrania.

Un año después de la revolución de febrero, ninguna de las promesas reformadoras se ha cumplido, la población se encuentra mucho peor, la moneda nacional ha perdido dos tercios de su valor, la inflación ha alcanzado su nivel más elevado en 14 años (22,9%), la economía se encuentra en ruinas y la guerra ha causado más de 5.800 muertos. El conflicto con las regiones separatistas, que Kiev prefirió resolver de forma militar en lugar de política con la luz verde inicial de la Unión Europea (UE) para usar la fuerza para «restaurar la ley y el orden», es la excusa para la inacción gubernamental.

La renovación democrática ha sido meramente cosmética, con numerosas milicias privadas ultras o financiadas por oligarcas que campan a sus anchas e imponen su ley, como el ultra Cuerpo de Voluntarios de Ucrania o los batallones Azov, Dnipro y Aidar, financiados por el oligarca Igor Kolomoisky. Incluso los reclutas llamados a filas por Kiev para combatir en el Este deben costearse su propio equipo, como detalló la revista New Yorker. Y ni siquiera se ha procesado a nadie por la violenta represión de las protestas en la plaza de Maidán, lo que confirma la «tradición de impunidad profundamente arraigada», acaba de denunciar Amnistía Internacional.

Ucrania es uno de los estados más corruptos del mundo. Figura en el puesto 142 de 175 en el índice de percepción de la corrupción elaborado por Transparency International, al mismo nivel que Uganda y muy por detrás, por ejemplo, de Sierra Leona y Bielorrusia (puesto 119). Se estima que la economía sumergida representa el 60% del producto interior bruto (PIB) y el país está dominado por una oligarquía de la que el actual presidente, Petro Poroshenko, es uno de sus destacados miembros.

El director de la Agencia Tributaria estatal, Igor Bilous, fue destituido el pasado martes porque la Agencia Tributaria seguía funcionando «como siempre», según declaró el primer ministro, Arseny Yatseniuk, otro destacado miembro incombustible del establishment político ucraniano desde el 2005.

Oleg Musiy, nombrado ministro de Sanidad tras la revolución de febrero y destituido en octubre, denunció que el Gobierno «no lucha contra la corrupción» y que el sistema sanitario sigue en manos de personas del régimen del depuesto presidente Viktor Yanukovich, con los mismos empresarios enriqueciéndose doblando fraudulentamente el coste de los suministros.

El nuevo ministro de Sanidad y curiosamente antiguo ministro de Georgia durante la presidencia de Mijeil Saakashvili, Alexander Kvitashvili, reconoció que «debido a las imperfecciones de la legislación ucraniana, los gestores deshonestos no pueden ser despedidos». La corrupción en la Administración llega a saquear el 20% del PIB, según datos recogidos por Reuters.

El propio Poroshenko ha incumplido su promesa de vender su imperio industrial y ha sido acusado de mantener rentables negocios con Rusia a través de su entramado de compañías offshore pese a la guerra. Ya menos del 50% de la población aprueba la gestión de Poroshenko, mientras que la popularidad de Yatseniuk se limita al 40%, según el sondeo del R&B Group de Kiev.

Es revelador que Poroshenko acabe de contratar como asesor especial y representante internacional al expresidente georginano Saakashvili, lo que provocó la protesta de Georgia, ya que está procesado por abuso de autoridad. Saakashvili lanzó en el 2008 una ofensiva militar para recuperar la región separatista de Osetia del Sur, a pesar de la presencia allí de tropas de pacificación rusas bajo mandato internacional. La ofensiva militar de Saakashvili se saldó con una fulminante derrota de Georgia, pero marcó el inicio del grave deterioro de las relaciones de Rusia con EEUU, la OTAN y Europa.