LA ORGANIZACIÓN DEL ESTADO

El palo y la zanahoria

El califato mezcla el terror y un férreo control religioso con un Estado de perfil paternalista

Un policía iraquí, cerca de Ramadi.

Un policía iraquí, cerca de Ramadi. / AFP / AZHAR SHALLAL

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MARC MARGINEDAS
BARCELONA

El pasado febrero, Thaer (el nombre es falso) pasó los primeros cuatro días tras su ingreso en una prisión local en Ayn Saluq, población siria junto a la frontera con Turquía, atenazado por el miedo, incapaz de probar bocado y rogando, entre sollozos, entrevistarse con un sheij del Estado Islámico en el Levante e Irak (ISIL) que le aclarara cuál era su situación. Alguien le había delatado como responsable de una ofensa religiosa, y desde el exterior de la celda le habían gritado que su «crimen» se castigaba con la muerte; no se tranquilizó hasta que un responsable local del ISIL le visitó, pasado ya el cuarto día de internamiento, le explicó que en ningún caso sería condenado a muerte y le conminó a hacer las plegarias y a leer el Corán para expiar su culpa antes de ser juzgado.

La presa de Al Tabqa

Meses antes de que Thaer fuera encarcelado en Ayn Saluq, los milicianos del aún ISIL arrebataron el control de la gigantesca presa de Al Tabqa, en el río Eúfrates, en el norte de Siria, al Ejército Sirio Libre, comenzando a sobreexplotar sus turbinas para generar electricidad y suministrarla a la población civil de la provincia de Raqqa. «Cuando el Estado Islámico se hizo con el control de la presa, empezamos a tener suministro eléctrico durante ocho horas, en lugar de una hora», reveló a Al Jazira mediante Skype un residente en la zona que no quiso identificarse. «No cobramos por la electricidad en Raqqa», se vanaglorió, a principios de año, un miliciano del EI.

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Pese a que ambos hechos no parecen guardar relación entre sí, sí constituyen los pilares en los que el Estado Islámico está basando la gestión del vasto territorio del que se ha apoderado. Por un lado, ejerce sobre la población un control férreo, fomentando incluso la delación ciudadana y castigando de forma ejemplar cualquier forma de disidencia y los crímenes cometidos por los ciudadanos, en especial los de carácter religioso. Por otro lado, intenta ganarse a la población civil proveyendo y garantizando los servicios básicos a unos ciudadanos que llevan años sufriendo los estragos del conflicto armado.

El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos acaba de denunciar la ejecución de decenas de jóvenes en Shaitat, cerca de Deir ez Zor, provincia del sureste sirio con ricos yacimientos de petróleo que acaba de conquistar. Consciente de que sus victorias frente a sus rivales requieren ser debidamente difundidos para seguir atrayendo combatientes y financiación, el departamento de prensa del califato funciona con eficacia empresarial, emitiendo incluso informes anuales sobre los ataques y asesinatos que cometen sus milicias.