Controversia en Estados Unidos

Una agónica ejecución recrudece el debate de la pena capital en EEUU

IDOYA NOAIN
NUEVA YORK

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En el 2008, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó que la inyección letal no vulnera la octava enmienda de la Constitución, que prohibe el castigo «cruel e inhumano». El procedimiento, dominante en los 35 estados donde unos 3.000 presos esperan en el corredor de la muerte, no presenta «riesgo sustancial de daño serio», según opinó entonces el presidente del Alto Tribunal, el juez John Roberts.

Esa conclusión ha quedado de nuevo en entredicho. El martes, en Oklahoma, el ajusticiamiento legal de Clayton Lockett se transformó en un trágico espectáculo de agonía. Fallida pero efectiva (el reo murió de un ataque al corazón después de 43 minutos), la ejecución se produjo cuatro meses después de que sucediera un desastre similar en Ohio, donde en enero Dennis McGuire agonizó durante casi 25 minutos. El portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, defendió la pena de muerte para los «crímenes odiosos», pero destacó que en el caso de Oklahoma su aplicación estuvo lejos de «estándares humanitarios».

El debate sobre la pena capital se reabre en un país que es el quinto en ejecuciones del mundo y donde aún aprueba el castigo máximo entre el 55% y el 60% de la población, según sondeos del Centro Pew y Gallup. Y ocurre en un momento en que la escasez de compuestos químicos para acometer las ejecuciones ha llevado a los estados a envolver en secreto de dónde obtienen sus nuevos compuestos y una polémica experimentación con nuevos protocolos.

«MUY PROBLEMÁTICO» /«Esta es una de las ejecuciones peor realizadas que hemos tenido», denunció el martes en varios medios Deborah Dunno, experta en pena de muerte y profesora en Fordham. «¿Cuántas veces tiene que ocurrir?  Tenemos todas las pruebas que necesitamos para mostrar que este es un procedimiento muy problemático y potencialmente inconstitucional», dijo.

Esta es una opinión que comparten muchos expertos en leyes, que anticipan que el Supremo acabará volviendo a estudiar su constitucionalidad. «Que el Estado inflija tan enorme sufrimiento es la propia definición de castigo cruel e inhumano», denunció Erwin Chemerinsky, decano de la facultad de Derecho de la Universidad de Irvine.

MIEDO DE LAS FARMACEÚTICAS / El origen de la problemática actual comenzó hace cinco años. Alegando miedo a repercusiones políticas e incluso a agresiones, las farmacéuticas estadounidenses dejaron de fabricar los compuestos de un cóctel de tres drogas que ha dominado la práctica de la inyección letal desde 1982 (primero un analgésico, luego un químico que paraliza músculos y sistema respiratorio y, en tercer lugar, otro que detiene el corazón). En el 2011, Hospira, la última que fabricaba el analgésico pentotal sódico, dejó de producirlo.

Los estados empezaron a buscar otros proveedores y protocolos. Se empezó comprando a un oscuro agente en Londres, pero un tribunal instó a la Agencia del Medicamento a prohibir la importación. Se empezó a comprar otro barbitúrico, pentobarbital, en Europa, pero la Unión Europea, opuesta a la pena de muerte, prohibió la exportación para ejecuciones en el 2011.

Siete estados empezaron a obtener sus compuestos de compañías que hacen fórmulas magistrales en EEUU, menos reguladas y con menos controles de calidad. Se empezaron también a idear nuevas combinaciones de fármacos.

PRUEBAS / Misuri, por ejemplo, probó a usar una única dosis letal de propofol, el analgésico de cuya sobredosis murió Michael Jackson. En la ejecución en Oklahoma, por ejemplo, se usó como sedante midazolam. Es el mismo compuesto que se empleó en enero en la ejecución de Ohio (tras la que el gobernador retrasó la próxima mientras se determina qué ocurrió). Y aunque el midazolam ya se había usado en Florida, allí se había aplicado en una dosis cinco veces mayor.

Condenados, abogados y grupos contrarios a la pena de muerte han intentado que los estados identifiquen de dónde obtienen sus químicos pero los tribunales, de momento, han garantizado su secreto.

El clamor es saber quién fabrica, con qué criterios de calidad y si las combinaciones están probadas. En las cuatro primeras ejecuciones de este año, por ejemplo, se usaron cuatro protocolos distintos.

Eso, como ha denunciado el director del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, Richard Dieter, «tiene pinta de ser un experimento».