Quince muertes anunciadas

Quince subsaharianos muertos después de una intervención de la Guardia Civil no es un asunto trivial que pueda resolverse con unas exiguas y contradictorias explicaciones del ministro del Interior. Los indicios de que esas muertes pudieron ser consecuencia de la intervención policial van desde el testimonio de un superviviente, que afirma haber sufrido el impacto de las balas de goma en la cabeza y la espalda, hasta el hecho de que se esté tratando de ocultar el vídeo completo de la intervención, pasando por el reconocimiento por parte del ministro de que se dispararon balas de goma y botes de humo cuando antes había sido negado por otros responsables. No hay duda de que se ha querido esconder algo, y ahora es imprescindible que el Ministerio del Interior aporte toda la información disponible y que el asunto se aclare por vía judicial.

Pero la reflexión que cabe hacer trasciende este hecho. Hay que cuestionarse toda la intervención del Estado frente a la inmigración que recibimos por la frontera sur. A menudo, los responsables de Interior nos hablan de la agresividad con la que los inmigrantes hacen sus intentos de pasar la frontera, y utilizan términos como invasión, asalto y otros similares; un lenguaje con el que se pretende velar o justificar la verdadera violencia que se produce en esa frontera, que no es otra que la que sufren los propios inmigrantes. Vallas con cuchillas que hacen estragos, agresiones policiales con defensas, balas de goma y otros medios, expulsiones en caliente que vulneran nuestra legislación de extranjería… Es la violencia del Estado contra personas que solo tratan de ejercer un derecho de movilidad humana.

Un grave peligro

Este intento de justificar la violencia institucional, presentando a los inmigrantes como una gran amenaza, lo hemos vuelto a observar ayer, cuando Interior divulgó que hay 30.000 subsaharianos en Marruecos preparados para dar el salto a territorio español. Se sobredimensiona el fenómeno para dar la impresión de un grave peligro. Es posible que haya 30.000 subsaharianos viviendo en el norte de Marruecos, y probablemente llegaron ahí en algún momento con la intención de pasar a Europa, pero muchos se han acabado instalando y quienes siguen intentando dar el salto no son ni la décima parte. Por otro lado, sean cuantos sean, una parte de ellos procede de países en conflicto, y la obligación del Estado español, de acuerdo con los tratados suscritos, es abrirles las puertas para darles protección internacional.

En lugar de eso se ejerce una violencia desmedida e indiscriminada para evitar que pisen nuestro suelo. ¿Por qué? Seguramente porque lo que marca la agenda es la xenofobia. Esa xenofobia ambiental que lleva a medidas antiinmigración innecesarias e irracionales en el Reino Unido, en Suiza o en Francia, es la que en España lleva a reprimir con brutalidad los intentos de cruzar las fronteras de Ceuta y Melilla. Los sucesos que hoy comentamos no son sino la crónica de 15 muertes anunciadas.