SEGÚN EMPRESAS Y CIUDADANOS

Un informe oficial sitúa a España entre los países más corruptos de la Unión Europea

Bruselas avisa de que la corrupción cuesta 120.000 millones a la UE cada año

Malmström presenta el informe sobre la corrupción en la UE, este lunes en Bruselas.

Malmström presenta el informe sobre la corrupción en la UE, este lunes en Bruselas. / periodico

ELISEO OLIVERAS / Bruselas

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La corrupción cuesta cada año a la Unión Europea (UE) como mínimo 120.000 millones de euros, según las conclusiones del primer informe sobre este grave problema elaborado por la Comisión Europea. "La cifra real es seguramente muy superior", ha precisado la comisaria europea de Interior, Cecilia Malmström.

El informe revela que la corrupción está presente en todos los países, aunque la Comisión Europea ha evitado cuidadosamente establecer una clasificación de los países por nivel de corrupción. "No es el papel de la Comisión Europea elaborar un 'ranking' de países", ha repetido en varias ocasiones la comisaría Malmström. El Ejecutivo comunitario ha optado también por no estudiar ni analizar la corrupción existente en el seno de las propias instituciones de la UE.

A pesar de que no existe una clasificación de países, España aparece como uno de los países donde la corrupción está más extendida en opinión de las empresas ciudadanos. El 95% de los españoles piensan que la corrupción es generalizada en el país, uno de los porcentajes más altos de la UE y muy por encima de la media europea del 76%.

Partidos y Administración

El informe se refiere a la corrupción existente en los partidos políticos y en todos los niveles de la Administración, pero evita la más mínima referencia a los casos que salpican actualmente a la familia real.

La Comisión Europea estima que España ha dado pasos en la buena dirección para intentar subsanar el grave problema de la corrupción, pero que aún debe irse mucho más lejos.

El informe señala que uno de los problemas son los insuficientes controles, la falta de códigos éticos estrictos para los diputados y cargos públicos, y los contratos públicos en urbanismo infraestructuras, en especial a nivel regional y local.