Los traductores afganos viven en un limbo

En febrero del 2013 las tropas españolas desplegadas en Afganistán empezaron a retirarse de la provincia de Badghis -donde estaba la base militar de Qala-e-Naw- un repliegue que culminó el 25 de septiembre. Finalizaban así ocho años de presencia militar en dicha provincia. Pero los soldados y los oficiales no hubieran podido llevar a cabo su misión durante todo este tiempo sin los intérpretes afganos que les acompañaban, jóvenes que hablan castellano y traducían al dari o al pastún (y viceversa), facilitando las conversaciones con las autoridades y fuerzas afganas y con la población local.

Con el fin de la misión en la provincia acabaron también los contratos de la mayoría de los traductores. Son una cuarentena y habían vestido el uniforme del Ejército español y acompañado a los militares en las patrullas; en definitiva, habían estado sometidos a una notoria exposición pública. De pronto, se sintieron muy vulnerables. La insurgencia islamista de los talibanes no perdona a quienes percibe como «colaboracionistas» con las tropas occidentales, así que los intérpretes pidieron protección a sus antiguos jefes. El miedo no parece infundado. Algunos dicen haber recibido cartas de amenaza y a uno de ellos, llamado Rahimi, le quemaron la casa.

PLAN DE ACOGIDA El Ministerio de Defensa español asegura que en enero del 2013 inició un estudio sobre la situación en que quedarían los intérpretes en cuanto a su seguridad y que en marzo diseñó y aprobó un plan de acogida para quienes estuvieran en situación de riesgo. Pero lo cierto es que nadie había informado a los traductores de la existencia de dicho plan -que prevé indemnizaciones económicas, traslado a otra zona dentro de Afganistán o traslado a España- y no se tuvo conocimiento público de él hasta septiembre, cuando la situación de los traductores saltó a la prensa. El mismo septiembre, los intérpretes empezaron a presentar, con muchas dificultades -inicialmente no les aceptaron la documentación- solicitudes de visado en la embajada española en Kabul.

Los traductores comenzaron a encontrar apoyos. Ana Ballesteros, una doctora en Estudios Islámicos especializada en Pakistán y Afganistán, inició una petición en su favor en Change.org que ha recogido ya 66.715 firmas. Ballesteros dirigió también en noviembre una carta a la Casa del Rey pidiendo que el Monarca, en tanto que jefe supremo de las Fuerzas Armadas, intercediera. La Casa del Rey acusó recibo y trasladó la cuestión a los ministerios de Defensa y del Interior.

«ES INHUMANO» / Arsenio García Cores, un abogado especializado en derechos humanos y que asesora a los intérpretes, presentó una queja al Defensor del Pueblo (cargo que ahora ocupa Soledad Becerril). «Estos traductores merecen un trato mejor. Algunos incluso ayudaron a evacuar a soldados españoles heridos. Su situación actual es de grave riesgo. La mayoría de países han sacado de Afganistán a sus intérpretes», declaró García Cores a EL PERIÓDICO. «Una de las paradojas es que se dice que las tropas estaban en misión humanitaria y, en cambio, el comportamiento del Gobierno en esta cuestión es muy inhumano», añadió.

El abogado alega vulneración de varias leyes y reglamentos por parte de varios órganos de la Administración del Estado y, además, denuncia las coacciones ejercidas por parte de militares españoles sobre uno de los traductores (el mismo al que quemaron la casa), al que instaron a renunciar a pedir asilo si quería ser contratado de nuevo. Este intérprete recibió posteriormente un contrato en la base militar española en Herat.

Hace tres días, el 15 de enero, el Defensor del Pueblo comunicó a García Cores que la queja ha sido admitida a trámite y, por tanto, el caso de los intérpretes será investigado.

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) se ha interesado también por el caso. «Nosotros no podemos tratarlos como refugiados porque están en su país de origen, pero es evidente que su perfil está entre los que el ACNUR reconoce como grupos de riesgo», señaló a este diario la portavoz de dicha organización en España, María Jesús Vega.

En respuesta a una pregunta de Unión Progreso y Democracia (UPyD), el ministro de Defensa, Pedro Morenés, aseguró el 18 de diciembre ante la comisión de Defensa del Congreso que España ha recibido 50 solicitudes al plan de acogida (no solo de traductores)  y que Defensa ha recomendado al Ministerio de Asuntos Exteriores la concesión del visado a 28 personas e indemnización a otras 22. «El criterio es siempre el de la seguridad. Ahora quien debe decidir es Exteriores», indicó a este diario el portavoz del Ministerio de Defensa, Diego Mazón.

Fuentes de Exteriores consultadas por este diario afirmaron que «estamos trabajando en el asunto», pero añadieron que no podían indicar un plazo. Las mismas fuentes indicaron que, dado que los visados de un país de la zona Schengen tienen validez en toda la Unión Europea, la concesión de visados exige unos requisitos propios de la UE.

Mientras, los traductores siguen en el limbo. «Aún espero una respuesta de España. Si no la tengo me tendré que buscar la vida en otro sitio. Aquí no me puedo quedar», dice por teléfono desde Afganistán Ghulam, uno de los intérpretes.