El Gobierno de Corea del Sur busca ilegalizar el tercer partido político del país

El Gobierno de Corea del Sur ha aprobado este martes una petición para ilegalizar un partido de izquierdas, el tercero del país por número de escaños, por la acusación a varios de sus miembros de conspirar en favor del régimen norcoreano.

En una decisión sin precedentes en la democracia surcoreana, el Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a la propuesta presentada por el Ministerio de Justicia de disolver el Partido Progresista Unificado (PPU).

El PPU, de marcada tendencia izquierdista, es actualmente la tercera fuerza política surcoreana con seis escaños en la Asamblea Nacional (Parlamento) de un total de 300.

La petición deberá ser ahora aprobada por la presidenta Park Geun-hye, actualmente de gira en Europa, y después se presentará al Tribunal Constitucional, cuyo visto bueno permitiría a las autoridades electorales desmantelar el partido.

Tras conocer la noticia, el portavoz de la PPU, Hong Sung-gyu, ha calificado la acción del Gobierno como "un atropello a los valores básicos de la democracia" y ha acusado a la presidenta de "liderar este acto de violación y desprecio a la Constitución".

La decisión de Seúl de ilegalizar este partido se basa en las recientes acusaciones a un diputado y varios miembros del PPU de conspirar en favor del régimen comunista de la vecina Corea del Norte.

Organización secreta

El diputado Lee Seok-ki, que presuntamente creó una organización secreta de unos 130 miembros con supuestos vínculos con Corea del Norte, fue acusado formalmente de "un delito de conspiración para cometer traición" y de "incitar" a ciudadanos a simpatizar con el régimen comunista, según la Fiscalía de Seúl.

El PPU, que en todo momento ha defendido la inocencia del diputado, asegura ser víctima de una "caza de brujas" liderada por el Gobierno conservador de Park Geun-hye.

Ley de seguridad nacional

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La ley de seguridad nacional de Corea del Sur, promulgada en 1948, prohíbe toda acción que sirva para "preparar, conspirar, hacer propaganda o instigar una rebelión contra el Estado".

Por su parte, la Constitución nacional recoge que el Gobierno puede pedir la disolución de un partido político que viola el "orden básico democrático".