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El Ejército egipcio decide poner a Mubarak bajo arresto domiciliario

Los jueces ha ordenado la puesta en libertad del expresidente porque ha cumplido el plazo máximo de prisión preventiva

El 'exrais' tiene todavía dos juicios pendientes por el asesinato de manifestantes en el 2011 y por corrupción

Las autoridades militares egipcias han ordenado poner al expresidente egipcio Hosni Mubarak bajo arresto domiciliario "en el marco del estado de emergencia" que vive Egipto, según ha anunciado la televisión estatal egipcia este miércoles por la noche.

El vicegobernador militar y primer ministro egipcio, Hazem al Beblaui, ordenó este miércoles esa medida "en el marco del estado de emergencia", según la televisión estatal. Un tribunal cairota ha decretado la puesta en libertad provisional del exmandatario, al haber expirado el plazo máximo para seguir en prisión preventiva. Sin embargo, un portavoz del Ministerio del Interior confirmó a EFE que los servicios penitenciarios estaban a última hora de la noche a la espera de una orden de la fiscalía para permitir su marcha. "No hemos recibido ninguna orden para excarcelar a Mubarak. El asunto se encuentra en el campo de la fiscalía. Si hay algo, será mañana por la mañana y lo anunciaremos", dijo el portavoz, en referencia a este jueves.

CAUSAS

El Tribunal de Apelaciones de Delitos del norte de El Cairo considera que Mubarak debe ser excarcelado, puesto que ha superado el plazo máximo para seguir en prisión preventiva en la última causa por la que no había recibido todavía una orden de libertad provisional.

Esa corte aceptó el recurso de la defensa de Mubarak en el proceso abierto contra él por haber supuestamente recibido regalos valorados en millones de libras egipcias de parte del conglomerado de instituciones periodísticas estatales Al Ahram.

MANO DE HIERRO

Mubarak, de 85 años, el hombre que dirigió con mano de hierro el destino de Egipto durante tres décadas, está siendo juzgado por corrupción y enriquecimiento ilícito. Fue condenado a cadena perpetua el año pasado por no haber evitado el asesinato de manifestantes durante las revueltas populares de comienzos del 2011 que desembocaron en su derrocamiento. No obstante, un tribunal de casación aceptó la apelación a principios de este año y ordenó un nuevo juicio, que todavía debe celebrarse.

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